El Gobierno de Ecuador presentó tres “reclamos formales contra Colombia por vulneraciones a compromisos adquiridos” y “para la defensa de sus derechos” ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, como respuesta a los dos recursos que Colombia interpuso por la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos.
Según lo expuesto por la cancillería ecuatoriana, la medida se sustenta en presuntos incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como en actuaciones que, a su juicio, resultarían incompatibles con los compromisos asumidos en el ámbito comunitario.
Ecuador sostiene que la imposición del arancel del 30 % responde a razones de seguridad nacional y a la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La administración ecuatoriana reiteró que mantiene voluntad de resolver las diferencias dentro de la institucionalidad andina.
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De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador presentó en la fecha señalada tres reclamos formales contra Colombia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. La acción fue descrita como una respuesta frente a lo que considera vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.
En su pronunciamiento, la cancillería explicó que la decisión se adopta en un contexto en el que Ecuador ha identificado incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia. Asimismo, indicó que ha observado medidas que resultarían incompatibles con los compromisos comunitarios.
El Gobierno ecuatoriano reconoció que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión de aplicar una tasa del 30 % por servicio aduanero a las mercancías que ingresen desde ese país. Sin embargo, insistió en que dicha determinación fue adoptada por razones de seguridad nacional.
En el comunicado se afirmó que la imposición del arancel ocurre ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En ese sentido, Quito vinculó la medida comercial con consideraciones relacionadas con la seguridad.
“El Ecuador ratifica su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad”, señala el documento oficial difundido por las autoridades ecuatorianas.
Por su parte, Colombia, a través del Ministerio de Comercio, interpuso dos recursos ante la Comunidad Andina contra los aranceles del 30 % impuestos por Ecuador. En dichas acciones, el Gobierno colombiano solicitó que la medida sea levantada.
La disposición adoptada por Ecuador aplica a toda la mercancía que provenga o sea originaria de Colombia, con excepción de las importaciones petroleras y de generación energética. Esa exclusión fue detallada en el contexto del debate sobre el alcance del gravamen.
Caracol Radio informó que la Comunidad Andina aceptó el lunes una de las demandas presentadas por Colombia. En ella, el país solicita que las medidas adoptadas por Ecuador sean calificadas como un gravamen, lo que, de ser aceptado, implicaría que se trataría de una medida prohibida en el marco comunitario.
En consecuencia, la Comunidad Andina adelantará una investigación para determinar si la actuación de Ecuador constituye o no una medida prohibida conforme a la normativa vigente. El proceso se desarrollará dentro de los procedimientos establecidos por la normativa comunitaria.
La respuesta de la Comunidad Andina, al admitir la petición presentada por Colombia, indicó que “la solicitud presentada se encuentra completa de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Decisión 425, por lo que, de conformidad con el artículo 49 de dicha norma comunitaria, se tiene a bien disponer su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación establecido en la referida Decisión”.
El trámite ante la Secretaría General de la Comunidad Andina se enmarca en las disposiciones contenidas en la Decisión 425, específicamente en sus artículos 47 y 49, que regulan la admisión y el inicio del procedimiento de investigación en este tipo de controversias.
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