La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara Wilmer Carrillo, del partido de la U, por presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La decisión fue tomada por la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que considera que existen indicios suficientes para avanzar en un proceso judicial formal.
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El expediente señala que Carrillo habría realizado gestiones ante el entonces gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado, para lograr el nombramiento de la directora del hospital regional de Ábrego. Tras la designación de la funcionaria, el congresista habría direccionado contratos de suministro de gasolina e insumos médicos y recibido comisiones por estas actuaciones.
El caso se centra en supuestas irregularidades durante 2016 y 2017, principalmente en negocios jurídicos del hospital regional; y según la investigación, Carrillo habría exigido, a través de la gerente del hospital, que los contratistas entregaran un porcentaje del valor de los contratos como condición para su asignación.
La Corte ahora busca determinar si estos hechos constituyen delitos sancionados por el Código Penal colombiano y si hubo un patrón de conducta que afectó la contratación pública.
Así mismo, la Sala Especial de Instrucción aclaró que el llamado a juicio puede ser apelado por las partes. Una vez se resuelvan los recursos y la decisión quede en firme, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se llevará a cabo el juicio correspondiente.
Seguimiento del caso en la Corte Suprema
El llamado a juicio contra Wilmer Carrillo se suma a la lista de procesos que enfrenta el congresista por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La Corte Suprema de Justicia mantiene bajo seguimiento el caso y ha confirmado que todas las actuaciones se desarrollarán conforme a la legalidad y los procedimientos establecidos.
El alto tribunal enfatizó que la decisión de llamar a juicio no prejuzga la culpabilidad del representante y que la investigación se centrará en esclarecer lo sucedido. El caso ha generado atención mediática debido a la participación de funcionarios del departamento y la presunta afectación de recursos públicos en contratos hospitalarios y de infraestructura.
Así mismo, fuentes de la Corte indicaron que el proceso sigue su curso y se esperan nuevas actuaciones procesales, incluyendo la presentación de pruebas documentales y testimoniales que permitirán definir si hubo alguna responsabilidad de tipo penal por parte del congresista.
Otra investigación contra Wilmer Carrillo
No es la primera vez que el representante enfrenta procesos judiciales. En diciembre de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó por presuntas irregularidades en un contrato millonario suscrito en 2010, cuando Carrillo se desempeñaba como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
El alto tribunal señaló que el proceso contractual se adelantó con “clara improvisación” y que las obras recibidas fueron “totalmente diferentes” a las pactadas inicialmente. El contrato tenía como objetivo el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre los municipios de Salazar y Arboledas y fue delegado al entonces secretario por el gobernador William Villamizar Laguado.
El negocio se pactó por $2.650 millones y contó con financiación del Instituto Nacional de Vías (Invías). La Contraloría General de la República intervino y detectó múltiples irregularidades que dieron origen a la investigación. Entre los hallazgos se estableció que a la licitación se presentó un único proponente y que, pese a solicitudes de otras empresas para ampliar el plazo de presentación de ofertas, el contrato fue adjudicado a esa sola firma.
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