Exfuncionarios de Daniel Quintero serán juzgados por corrupción: exdirector del Área Metropolitana enfrentará el proceso en libertad

Dos exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín dentre el 2022 y el 2023 permanecerán bajo medida de aseguramiento intramural en el marco de una investigación por corrupción por decisión de un juez.

La juez Séptima Penal con función de control de garantías ordenó la detención preventiva tras las imputaciones de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con la asignación directa de seis convenios entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Los contratos alcanzan un valor cercano a 18.000 millones de pesos.

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Según la Fiscalía, los investigados asignaron estos contratos de manera irregular entre 2020 y 2023. Por estos hechos fueron privados de la libertad Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exrepresentante de los bomberos, y María Yaneth Rúa García, quien ocupó funciones técnicas en el Área Metropolitana.

En el mismo proceso figura Elkin de Jesús González Correa, suplente de los bomberos de Itagüí, quien podrá enfrentar el caso en libertad, ya que el tribunal no acreditó riesgos de obstrucción a la justicia en su contra.

Las autoridades imputaron a los tres por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La investigación indica que la adjudicación de los convenios se efectuó sin cumplir con los requisitos de pluralidad y selección objetiva, lo que permitió direccionarlos para beneficiar directamente al Cuerpo de Bomberos.

Además, la Fiscalía sostiene que parte de los recursos, concretamente 2.481 millones de pesos, fue apropiada mediante sobrecostos y pagos por bienes y servicios sin el respaldo documental correspondiente.

Del total apropiado, 1.212 millones derivarían de sobreprecios en insumos y servicios, mientras que alrededor de 1.268 millones se habrían desembolsado para compras no justificadas documentalmente.

El análisis de pruebas revela recargos por servicios de transporte inexistentes y recargas a líneas celulares no identificadas, lo que generó un detrimento patrimonial considerable.

Los datos judiciales también señalan que parte de los fondos desviados acabó financiando la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022. La Fiscalía relaciona estos hechos con un entramado de contratos irregulares y uso ilegal de recursos durante la administración anterior, donde resultan mencionados Miguel Quintero, hermano del exalcalde, y Álvaro Villada, exsubdirector financiero del área metropolitana.

Durante una de las audiencias, el fiscal Rafael Sánchez detalló la actuación de Quintero y Villada en tareas de mando y coordinación para facilitar el esquema ilícito.

Así las cosas, ya serían siete nombres involucrados en este caso de presunta corrupción durante la alcaldia de Daniel Quintero entre 202o y 2023. En resumidas cuentas son:

• Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, investigado por presunta participación en delitos de interés indebido en la celebración de contratos para terceros y peculado por apropiación, relacionados con la supuesta pérdida de más de 2 mil millones de pesos en seis contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El juez negó la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía, por lo que permanece en libertad aunque continúa vinculado al proceso penal.
• Ana María Roldán Ortiz, exsubdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está vinculada al proceso por los mismos delitos investigados en el caso. El juez negó la medida privativa de libertad y acogió la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida no restrictiva. Actualmente, se desempeña como investigadora titular en el Instituto Alexander Von Humboldt.
• Diana María Montoya Velilla, exdirectora ambiental de la misma entidad, enfrenta investigación por los mismos hechos y presuntos delitos que los anteriores. El juez no impuso medida restrictiva de la libertad y ella trabaja en el Grupo Agua y en la Corporación Cuenca Verde, en cargos donde no administra recursos públicos.
• Juan Alberto Cardona Henao, ex tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, también está vinculado a la investigación por contratos con presuntos sobrecostos y posible peculado por apropiación. El juez no impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra.
• Misael Cadavid, bombero, será acusado por la Fiscalía dentro del mismo proceso por presunta corrupción.
• Elkin de Jesús González, también bombero, será acusado junto con Misael Cadavid y María Yaneth Rúa en el marco de la misma investigación.

El expediente judicial apunta también a intentos de encubrimiento, con grabaciones en las que se instruye a personal de los bomberos y proveedores sobre cómo sobrevalorar facturas y responder ante indagaciones de la Fiscalía.

El material de la Fiscalía incluye testimonios, interceptaciones telefónicas, documentos y registros de adquisiciones inmobiliarias presuntamente realizadas por Cadavid en municipios de Antioquia, a la par de los desembolsos de los contratos en cuestión.

Los investigadores encontraron diferencias notables en los valores pagados por servicios similares, como casos donde el mismo servicio fue cotizado por siete millones de pesos más sin justificación técnica.

La defensa de Cadavid y Rúa pidió a la jueza medidas menos restrictivas, argumentando que Rúa no tenía potestad para ordenar gastos ni existen pruebas suficientes en su contra. Presentaron 25 elementos probatorios y solicitaron la libertad o alguna medida no privativa de la libertad.

Sin embargo, la jueza concluyó que el acervo probatorio de la Fiscalía justificaba la prisión preventiva de ambos. Por su parte, González Correa permanecerá en libertad tras no considerarse que represente un peligro para el proceso. Las partes anunciaron recursos de apelación contra la decisión, lo que abre una nueva fase en el esclarecimiento de estos hechos, según constató el medio mencionado

En el frente político, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, valoró las actuaciones judiciales y detalló a El Tiempo la profundidad del “saqueo” sufrido por la ciudad. Gutiérrez consideró este caso como evidencia del avance de las investigaciones sobre corrupción administrativa y reclamó la necesidad de profundizar en la identificación de todos los responsables involucrados en el entramado económico.

Las autoridades continúan revisando contratos y la gestión de bienes, sin descartar nuevas capturas ni la posibilidad de ampliar la investigación a otros funcionarios y exfuncionarios. La Fiscalía analiza la posible vinculación de más actores y contratos en diferentes entidades públicas del Valle de Aburrá.

Finalmente, desde la administración local se espera que la justicia siente un precedente en la gestión de los recursos públicos y que los responsables respondan plenamente ante la ley por los delitos señalados.

La indignación social ante este caso es notoria. El alcalde Gutiérrez recalcó que los dineros públicos son inviolables y advirtió que solo se está ante el primer capítulo de una ofensiva legal más amplia contra quienes se beneficiaron del desvío de fondos en Medellín.