Los motivos detrás de un potencial paro de escoltas de la UNP: “El pago del Gobierno del cambio”

El 17 de febrero se conoció que los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) manifestaron su desacuerdo con los decretos 019 y 020 de 2026, relacionados con la formalización laboral en la entidad.

Representantes de la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional advirtieron que podrían iniciar un paro si no reciben una respuesta favorable a la demanda que presentarán ante el Consejo de Estado. Denuncian que los decretos vulneran derechos fundamentales de trabajadores que son padres o madres cabeza de hogar, mayores de 60 años o con hijos con enfermedades.

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Voceros de los sindicatos afirmaron que los decretos estarían blindados usando la Ley 909 de Función Pública, lo que dificultaría cualquier reestructuración, lo que generaría inconsistencias.

Los sindicatos señalan irregularidades en la derogatoria de las resoluciones 300 y 301, que afectan la contratación para la protección de firmantes de paz. También cuestionan el manual de funciones, elaborado sin los estudios técnicos requeridos por la norma. Por este motivo, manifestaron que la situación deja en incertidumbre la protección de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en Colombia.

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos de escoltas de la UNP, habló sobre los motivos de los trabajadores de la unidad para entrar en paro.

En primer lugar, Gallo mencionó las dudas que hay al interior de la UNP en estos momentos: “Tenemos bastantes preguntas. ¿A quiénes van a contratar?, ¿Cómo va a ser esta contratación? No se ha hablado de la entidad que va a hacer el estudio, las evaluaciones, nada".

En ese sentido, tras la divulgación del presupuesto para 2026 de la UNP, que incluye la contratación de 6.000 personas, los sindicatos piden que se explique si habrá despidos masivos para que los nuevos vinculados sean añadidos a la unidad.

“Tampoco se ha hablado de la capacidad de armas que van a tener los contratados, ¿Dónde están las armas? Si es algo temporal, estaríamos haciendo algo grave, que es permitir que llegue el nuevo Gobierno y esas personas queden volando. Ahí, nuevamente tendrían que buscar trabajo en empresas privadas".

Otro punto que ha sido discutido es la contratación de personal que hizo parte de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, principalmente por las dudas que existen en torno a la designación de defendidos de ese personal.

“Sentimos que el ingreso del personal de las Farc a la planta global de la UNP no es contraproducente para los protegidos. Hay muchas personas que van a rechazar. Sería una falla grande y un peligro poner a un defensor de derechos humanos que ha sido afectado por este grupo guerrillero u otros a que lo cuiden ellos mismos. Es un despropósito lo que está haciendo el señor ministro Benedetti al expedir este decreto y la UNP estaría vulnerando la seguridad de estas personas”.

Retomando el tema de las 6.000 contrataciones, Gallo indicó que debe ser pertinente saber cómo será la vinculación respecto a la preparación de los nuevos escoltas, teniendo en cuenta que deberán cuidar a personas amenazadas a nivel nacional.

“Necesito que se explique cómo va a ser la contratación, si será a dedo, van a ingresar amigos de políticos y terceros, sin preparación, que no serán refuerzo. Sabemos que las capacitaciones de las escuelas no son las mejores. ¿Dónde está la experiencia para cuidar a unas personas que son las personas más amenazadas del país? ¿Dónde está la experiencia para portar un arma? Todo".

Por último, el representante de Analtraseg le envió un mensaje al Gobierno nacional, que sigue sin responder las preguntas que han hecho los sindicatos en los últimos meses.

“No podemos esperar a que ese sea el pago del Gobierno del cambio a la gente que ha servido por muchos años e incluso los han cuidado a ellos mismos cuando han ocupado otros cargos. Llamamos y levantamos la voz de alerta, antes de que se pueda convertir en una masacre laboral”.