El proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, retomó formalmente su curso luego de varias semanas de incertidumbre.
Así quedó consignado en una comunicación conjunta del Espacio de Conversación Sociojurídica divulgada este 17 de febrero de 2026, en la que se da por superada la suspensión temporal anunciada días atrás por el grupo armado.
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El comunicado, fechado en Bogotá, informa que el 9 de febrero se llevó a cabo una reunión en la capital del país con la participación del Grupo de Países Mediadores —integrado por Qatar, España, Noruega y Suiza— y con el acompañamiento de la Mapp/OEA y la Conferencia Episcopal.
Según el texto, la sesión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió reafirmar los compromisos para avanzar en el proceso de paz orientado a la desmovilización del EGC y a la construcción de paz en los territorios.
El anuncio representa un giro frente a la decisión adoptada por el Estado Mayor Conjunto del EGC a comienzos de febrero, cuando ordenó el retiro provisional de su delegación de la mesa.
En ese momento, la organización argumentó que necesitaba “realizar consultas y aclarar la veracidad” de versiones según las cuales el presidente Gustavo Petro habría entregado a Estados Unidos los nombres de tres presuntos capos del narcotráfico y se habría comprometido a neutralizarlos en un plazo de dos meses.
La controversia surgió tras la reunión del mandatario colombiano con el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada el 3 de febrero en Washington, donde la agenda estuvo centrada en seguridad y lucha contra el narcotráfico. El señalamiento fue difundido por el propio grupo armado a través de redes sociales y generó dudas sobre la continuidad de las conversaciones.
En su momento, el EGC sostuvo que, de confirmarse esos compromisos, se trataría de una violación a la buena fe y a los acuerdos alcanzados en Doha dentro del marco del Espacio de Conversación Sociojurídica.
La suspensión coincidió además con un momento sensible para la organización, tras la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, ocurrida el 1 de febrero en Tierralta, Córdoba, en hechos que son materia de investigación.
Sin embargo, la nueva comunicación conjunta indica que la situación de suspensión fue “superada” y que el proceso continúa avanzando conforme a los compromisos suscritos. Aunque el documento no detalla los acuerdos alcanzados en la más reciente sesión, sí señala que se adoptaron compromisos que permitirán “avanzar decididamente” en beneficio de las comunidades y del país.
El texto insiste en que el objetivo central del espacio es la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz en los territorios donde la organización tiene presencia. También resalta el papel de los países mediadores y de los organismos acompañantes, cuya participación ha sido clave para sostener el diálogo en medio de episodios de tensión política y militar.
La reactivación de la mesa ocurre en un contexto complejo para la política de “paz total” del Gobierno Petro, que ha enfrentado múltiples desafíos con distintos actores armados.
En el caso del EGC, considerado la principal organización criminal del país, el avance del proceso es visto como determinante para reducir la violencia en regiones como Córdoba, Antioquia, Chocó y el Urabá.
Por ahora, el Espacio de Conversación Sociojurídica apuesta por mantener el canal abierto y consolidar los compromisos recientes. La expectativa está puesta en que las próximas sesiones permitan traducir los acuerdos en medidas concretas en el territorio, mientras el Gobierno y el grupo armado intentan recomponer la confianza tras la crisis desatada por la reunión bilateral en Washington.
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