La Contraloría General de la República anunció la activación de un seguimiento especial sobre los recursos del decreto de emergencia económica, con el objetivo de garantizar la atención efectiva a los damnificados por la temporada de lluvias en Colombia.
La decisión responde al incremento de denuncias ciudadanas y a la magnitud de los daños reportados en varias regiones del país, con una concentración crítica en el departamento de Córdoba.
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Recursos vigilados y control fiscal ante la emergencia
Según informó la Contraloría General, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone para la vigencia 2026 de $1,69 billones, además de reservas presupuestales de 2025 que alcanzan cerca de $1 billón. Estos recursos pueden utilizarse de inmediato siempre que no estén comprometidos u obligados, lo que permitiría atender necesidades urgentes de los más de 250.000 afectados por la crisis climática.
El órgano de control detalló que la activación del seguimiento especial implica un monitoreo continuo y sistemático sobre la ejecución de fondos públicos asignados a la emergencia. Este mecanismo incluye la recolección y análisis permanente de información, permitiendo comparar los resultados esperados con los avances reales y verificar el cumplimiento de los objetivos en tiempo real.
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La Contraloría ya requirió información formal a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) acerca del Plan de Acción Específico para la atención de la emergencia y la recuperación en las zonas más afectadas. La entidad participa activamente en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y en las Salas de Crisis de los departamentos que declararon la emergencia para conocer de primera mano las decisiones y acciones adoptadas.
Desafíos en la coordinación y entrega de ayudas
El organismo de control identificó que el mayor reto en la atención de la emergencia reside en la coordinación entre municipios, departamentos y la Ungrd. Esta situación impactó la oportunidad en la entrega de ayudas humanitarias y logísticas, pues todavía existen sectores donde los kits de alimentación no han llegado y algunos municipios no han reportado el listado oficial de damnificados.
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La Contraloría subrayó que la gestión de los albergues en los departamentos que deben movilizar a la población afectada es eficiente. Al mismo tiempo, se procura que las necesidades de salud, agua potable y saneamiento básico de las comunidades que no fueron reubicadas estén cubiertas, a pesar de los servicios suspendidos.
En el caso de Córdoba, las lluvias destruyeron 4.298 viviendas y afectado otras 4.023, además de provocar cinco fallecimientos, tres heridos y dos desaparecidos. La alerta roja en el embalse de Urrá incrementa la preocupación por nuevas emergencias en la región.
Medidas tributarias y control sobre el uso de fondos
El 11 de febrero, el Gobierno de Gustavo Petro decretó una nueva emergencia económica, buscando recaudar $8 billones para atender la crisis, especialmente en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según cifras de la Ungrd, la oleada de lluvias dejó al menos 254.531 personas damnificadas y 17 fallecidos desde inicios de mes.
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La Contraloría vigilará no sólo los movimientos presupuestales y financieros, también el paquete de medidas tributarias implementadas bajo el nuevo decreto. La entidad advirtió que cada peso recaudado deberá destinarse exclusivamente a la atención de la emergencia y que verificará el destino y uso de los fondos, en particular los asignados por la emergencia económica.
Acciones de control y participación ciudadana
El mecanismo de especial seguimiento comprende también la verificación en territorio de la entrega de ayudas y la contratación de obras, en coordinación con personerías, veedurías ciudadanas y comunidades afectadas.
La Contraloría exhortó a la población a reportar cualquier irregularidad relacionada con la entrega de ayudas humanitarias, la conformación de censos de damnificados, la disposición de maquinaria para obras de mitigación y cualquier situación que comprometa la adecuada atención de la emergencia.
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El organismo recordó que mantiene procesos de responsabilidad fiscal abiertos relacionados con emergencias invernales, que suman más de $62.000 millones, y que en 2023 emitió advertencias por la baja ejecución de recursos asignados a la Ungrd mediante el Decreto 2113 de 2022.
La entidad insistió en la importancia de mantener actualizado el Registro Único de Damnificados (RUD), ya que la adecuada focalización de los recursos públicos depende de la calidad de la información registrada. Además, pidió al Gobierno nacional disponer de manera expedita los recursos necesarios para garantizar una respuesta eficaz y oportuna a la emergencia.
Balance de la emergencia
Hasta el 14 de febrero, la Ungrd reportó 94.431 familias (254.531 personas) afectadas, 18.232 viviendas averiadas, 4.099 viviendas destruidas, 11.216 hectáreas inundadas y afectaciones en 183 vías, 16 puentes peatonales y 29 puentes vehiculares en 17 departamentos y 111 municipios.
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