Un día después de que unos 750 indígenas provenientes del norte del Cauca se tomaran las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá, el Gobierno nacional anunció un encuentro con la minga durante la tarde del lunes 16 de febrero.
Así lo anunció el Ministerio del Interior a través de su Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, después de que la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) exigiera la presencia del Ejecutivo en la mesa de negociación.
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Y es que el mismo viceministro del diálogo, Gabriel Rondón, reconoció que la llegada masiva de indígenas a la sede universitaria se debió a incumplimientos del Gobierno nacional para reunirse con la comunidad del Cauca, prevista para diciembre de 2025.
Según indicó el funcionario, la inasistencia del Ejecutivo al encuentro en esa región se debió a dificultades de seguridad en el departamento que imposibilitó el traslado de delegados oficiales.
“Hoy en la Universidad Nacional se encuentran los compañeros y compañeras de Aconc, Consejos Comunitarios del norte del Cauca, con los cuales en el mes de diciembre no nos pudimos reunir dados los problemas de orden público y el cierre de vigencia fiscal”, señaló Rondón.
Asimismo, el viceministro aseguró que el encuentro con las comunidades del norte del Cauca se dará este lunes a las 2:00 p. m. en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, donde se escucharán las peticiones de la minga indígena.
“Ya tenemos a las dos de la tarde reunión con ellos en la Defensoría del Pueblo. Estará encabezada por la ANT y otras entidades, Ministerio de Salud, Hacienda y otros, para atender sus reclamaciones y poder seguir adelante con la agenda que con ellos hemos montado. El Gobierno del Cambio cumple, el Gobierno del Cambio avanza con los consejos comunitarios”, concluyó el viceministro.
Entretanto, el grupo de indígenas inconforme también generó problemas de orden público en la mañana del lunes, después de que se ubicaran a las afueras del Ministerio de Educación y prohibieran el ingreso de funcionarios y visitantes.
Asimismo, los manifestantes se trasladaron a la sede de la Agencia Nacional de Tierras con el propósito de generar presión al Gobierno nacional y pedir ser escuchados por representantes de alto nivel.
La respuesta del Gobierno Petro se da un día después de que un grupo de aproximadamente 750 integrantes de la minga indígena, comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca ingresaran el domingo 15 de febrero al campus principal de la Universidad Nacional en Bogotá, instalándose en la concha acústica del recinto sin autorización de la administración universitaria, que reportó el hecho.
La respuesta institucional se activó pocas horas después, con la convocatoria del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (Cprae) y la solicitud para la creación de Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional y distrital. La primera sesión formal del PMU se programó para las 11:00 a. m. de ese mismo día, buscando articular a las autoridades competentes ante el episodio.
La movilización llegó a la capital en 17 buses y agrupa a 40 consejos comunitarios representados bajo la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc).
Según detalló la universidad, el acceso fue pacífico, aunque se reiteró que las instalaciones no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas, por lo que los protocolos de emergencia no contemplan la permanencia masiva de visitantes.
Los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior indicaron que no recibieron aviso previo sobre la llegada. A pesar de la entrada irregular, la universidad anunció que las actividades académicas y administrativas seguirán con normalidad a excepción de las deportivas, que quedaron suspendidas por prevención.
Hace cuatro meses, en octubre de 2025, la sede había experimentado una situación similar cuando alrededor de 2.000 indígenas y representantes de organizaciones sociales ingresaron al campus bajo la denominación de Congreso de los Pueblos, declarando la creación de un “Refugio ante la Emergencia Humanitaria”.
En ese entonces, el Congreso difundió un mensaje en redes donde denunció la “violación sistemática de derechos humanos” y un “proceso genocida contra movimientos sociales, sus líderes y lideresas”.
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