Presidencia se pronunció sobre millonarios contratos para un maquillador y un fotógrafo; anunció acciones legales: “Es falso”

La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que expuso su versión sobre información revelada por la revista Semana que afecta al Gobierno. Se trata de una investigación periodística que revela supuestos contratos que comprometen $23.000 millones para pagar la prestación de servicios a un maquillador y a un fotógrafo, atribuyendo la contratación a órdenes de Verónica Alcocer, la primera dama.

De acuerdo con la denuncia expuesta por la revista, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó un convenio interadministrativo con Rtvc. Posteriormente, el sistema de medios públicos contrató a la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), que, a su vez, vinculó al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez.

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En la comunicación, la Presidencia clificó de inexactas las cifras y las acusaciones presentadas por el medio de comunicación, que fueron replicadas en otros informativos. Según explicó, los contratos interadministrativos celebrados entre la Presidencia y Rtvc tienen como objetivo el funcionamiento, producción y transmisión de contenidos audiovisuales institucionales. Estos acuerdos contemplan la divulgación en distintos medios:

“En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales. Así mismo, a realizar la divulgación institucional de las piezas y mensajes de las estrategias de comunicación del DAPRE, en medios de comunicación nacionales, regionales, locales, comunitarios y digitales”.

Respecto a los contratos individuales citados por Semana, la presidencia aclaró que lo informado no se ajusta a la realidad: los pagos verdaderos para Mauricio Vélez, encargado de la dirección audiovisual y la coordinación del equipo fotográfico, son de $25 millones mensuales. Por su parte, Fady Flórez, responsable de la asesoría de imagen y la coordinación estética, percibe $10 millones mensuales.

“Es falso que el contrato de las personas anteriormente mencionadas sea de la suma que señala la supuesta investigación del medio de comunicación y no corresponde a la realidad de los contratos vigentes”, indicó la Presidencia, asegurando que ambos profesionales entregan los informes mensuales requeridos para recibir el pago de sus honorarios.

Además, indicó que la suma total adjudicada por concepto de estos contratos alcanza los $22.500 millones, distribuidos entre 2022 y parte de 2026, lo que representa aproximadamente 5.000 millones anuales.

Por otro lado, aclaró que, efectivamente, estos servicios se prestan a través de la Cooperativa Savi, tradicionalmente vinculada a la producción y transmisión de los productos audiovisuales del Dapre, bajo la supervisión de las áreas de comunicaciones de la Presidencia de la República (Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, la Coordinación del Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Digitales).

Ese contrato entre Rtvc y la cooperativa en cuestión, según puntualizó, se remonta a 2004, durante la administración del expresidente Álvaro Uribe. “Se ha mantenido desde entonces en forma de respeto a los extrabajadores de la antigua INRAVISIÓN, que, hasta la fecha ha realizado un trabajo importante, impecable, eficiente, inmediato y oportuno, para el cubrimiento de las actividades de la presidencia, el Presidente de la República y demás que requiera el DAPRE, prestando los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales. Contrataciones que realiza RTVC bajo la observancia de las normas que rigen la contratación pública”, detalló.

Así las cosas, la Presidencia aseguró que no ha sido notificada de ninguna investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionada con los citados contratos. Sin embargo, informó que interpondrá las acciones legales necesarias para exigir la rectificación por parte de revista Semana; cuestionó el proceder del medio y aseguró que la información publicada “busca distraer a la opinión pública de otros temas que han afectado la agenda pública en el marco de la campaña electoral” y afecta el buen nombre tanto del presidente Gustavo Petro, como el de su familia y el de los profesionales mencionados en la nota.