Empresario denunció que lo retuvieron en parqueadero de Hacienda Santa Bárbara durante 5 horas por un tiquete que se le mojó

Víctor Molina Afanador, un empresario capitalino, denunció que vivió cinco horas de retención junto a su vehículo en el parqueadero del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, en la mañana del 14 de febrero.

El hecho ocurrió luego de que el sistema no reconociera el código QR de su tiquete porque, involuntariamente, tras un lavado de manos, lo mojó. Sin embargo, el ciudadano pagó los $50.000 pesos como penalidad y mostró los documentos que lo acreditan como propietario del vehículo para poder evacuar el reconocido establecimiento.

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A pesar de haber pagado la multa por el tiquete de parqueo en mal estado, el personal de Hacienda Santa Bárbara desestimó su comprobante del pago y su identificación, y los guardia de seguridad del parqueadero le impidieron la salida del parqueadero durante varias horas.

La víctima tomó registro de todo con videos y fotos y los compartió con este medio.

“Este video lo hago para mostrar la injustificada acción cometida por los encargados del parqueadero. Ingresé a las 06:49 a. m. para realizarme unos exámenes médicos y actualmente son las 09:30 a. m., como pueden ver en mi reloj, pero aún no me han permitido salir. Argumentan que debo pagar cincuenta mil pesos porque el papel del parqueadero se dañó al mojarse cuando me lavé las manos; la tinta del código QR se borró y no pudo ser leído. Fui y pagué, pero llevo aquí dos horas sin que me permitan salir del parqueadero. Considero que esto es una retención”, relató el hombre.

Afanador aseguró que los funcionarios del parqueadero le advirtieron que “si se va, no respondemos por su carro”, de manera que el empresario debió permanecer en el lugar y perder una cita médica programada con su hijo.

La situación escaló cuando el empresario solicitó la intervención de la Policía Nacional. De acuerdo con Molina Afanador, los funcionarios policiales presentes manifestaron que su actuación se vio limitada por la negativa del personal del centro comercial, que, de acuerdo con la denuncia, insistieron en que la autoridad no tenía jurisdicción en el complejo comercial por tratarse de “propiedad privada”.

Además, el afectado denunció que la operación de seguridad fue dirigida por una coordinadora de servicios de aseo, identificada como “Dina”, y no por un jefe de seguridad.

Mientras la Policía permanecía en el sitio, una superior del centro comercial, a quien el personal llamaba “Doctora”, impartió instrucciones por altavoz de no entregar información a la autoridad y amenazó con contactar a un funcionario policial de alto rango. Afanador alegó que la escena le recordó el caso de “¿usted no sabe quién soy yo?“.

Molina indicó que la “retención de facto” se mantuvo hasta que su abogada intervino. Con la profesional argumentaron que el hecho se trataba de un presunto exceso de autoridad y extralimitación de funciones.

Tras el argumento jurídico, el personal de seguridad permitió la salida, y algunos empleados abandonaron el lugar “apresuradamente sin identificarse”. De hecho, la denuncia suministrada a este medio también relató que al verse confrontados con el personal jurídico reaccionaron con un: “Bueno, apúrense y váyanse”.

“Lo revelador es que los funcionarios optaron por abandonar el lugar —algunos corriendo por las escaleras eléctricas— negándose a entregar su identificación y evidenciando que no existía ningún procedimiento legítimo que respaldara su actuar. Igualmente la señora “Dina” se escabulló cuando Molina intentó grabar su respuesta a la pregunta de qué protocolos estaban siguiendo ellos u órdenes de quién: ‘Ah no, si me graban, no hablo’, dijo la señora“, constó en el documento.

Durante el tiempo de espera, Molina Afanador relató que otras dos mujeres también permanecían retenidas bajo circunstancias similares.

Tras los acontecimientos, el empresario cuestionó la legalidad de las acciones de Hacienda Santa Bárbara y exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Policía Nacional a investigar si es legítimo retener a ciudadanos y sus vehículos debido a fallas en los sistemas internos de validación, así como la jurisdicción real de la autoridad en propiedades privadas de acceso público.

“Es increíble que yo tenía el papel, pagué, mostré mi cédula y aun así fui tratado como un delincuente. Si esto le pasa a alguien que conoce sus derechos, ¿qué le puede pasar a un ciudadano desprevenido en Hacienda Santa Bárbara?”, cuestionó el afectado, que pide a las autoridades que actúen para evitar que más usuarios sean víctimas de este tipo de situaciones.