
Como parte de la ofensiva en contra de los grupos armados ilegales que se adelantan en varias zonas del país por orden del presidente Petro y su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se conocieron los detalles de un operativo que se llevó a cabo en Bogotá, y que generó desconcierto en varios de los habitantes en un punto exclusivo de la localidad de Usaquén.
El anuncio se llevó a cabo la mañana del sábado 14 de febrero de 2026, y según lo que explicó en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Iván Fernando Rojas, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13 de las FF. MM. de Colombia, todo obedeció al cumplimiento de una orden judicial.
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Los efectivos del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la extinción de dominio sobre dos inmuebles situados en una de las calles de una zona residencial y de oficinas entre los barrios San Patricio y Molinos Norte.
El grupo armado que tenía bajo su poder dichos predios era el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y estuvo en su momento dirigido por el exlíder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Según estimaciones, el apartamento y el parqueadero incautados estarían valorados en 500 millones de pesos colombianos, y en lo que se catalogó como un impacto directo sobre las finanzas ilícitas de la estructura criminal, destaca el comunicado por parte de las autoridades.
En este punto se llevó a cabo el operativo:
La operación hace parte de las acciones dentro del Plan Ayacucho Plus, en la que participaron tropas de la Décima Tercera Brigada ―adscritas a la Quinta División del Ejército Nacional―, efectivos de los comandos del Gaula Militar Cundinamarca, integrantes del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 y agentes del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), que coordinaron los allanamientos después de varios meses de labores investigativas y de inteligencia militar.
La historia del Bloque Norte de las AUC
El Bloque Norte de las AUC, bajo el liderazgo de “Jorge 40” y en coordinación con Salvatore Mancuso Gómez, extendió su control durante finales de los 90 y comienzos de los 2000 en la región norte (Caribe) de Colombia.
Ambos fueron designados gestores de paz por el Gobierno Petro, para tener en cuenta.
Esto se dio producto de una serie de alianzas, guerras internas y operaciones militares que reconfiguraron el panorama paramilitar en el país para ese momento.
La unión de distintas facciones, así como los sangrientos episodios que dejaron varias masacres y la incorporación de nuevos frentes, marcaron una etapa de extrema violencia y transformación para la organización, según la reconstrucción documental de estos hechos.

A partir del año 1999, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40 o “Pedro”, asumió el mando del Bloque Norte, articulando la presencia paramilitar en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico, bajo la supervisión directa de Mancuso Gómez.
El primer núcleo de este bloque surgió con los frentes Rito Ochoa, Jhon Jairo López y Compañero Carrillo, a los cuales se añadió el frente La Gabarra.
Estos brazos criminales operaron en su mayoría por el norte del país, y ejercían control en áreas pobladas y consideradas estratégicas.
La consolidación de poder se dio cuando el Bloque Norte superó a grupos rivales como Los Rojas y las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (Ausac).

Para 1996 aumentó el número de combatientes después del establecimiento de un campamento en el municipio de El Difícil, Magdalena, y en el que se entrenaban a los nuevos integrantes.
Durante su expansión, el Bloque Norte protagonizó una serie de masacres que dejaron una profunda huella, entre ellas “La masacre de Monterrubio” en Pivijay (Magdalena), “La masacre de los Brasiles” en La Paz (Cesar) y “La masacre de Medialuna” en San Diego (Cesar).
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