La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se revelara que su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, firmó seis contratos con entidades del Gobierno por cerca de $600 millones.
La titular de la cartera de Cultura ya enfrentaba un escándalo por contratos celebrados por su hermano Salim Kadamani también con instituciones de la Rama Ejecutiva por más de $300 millones.
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La denuncia fue expuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que aseveró que de los seis contratos, “Sólo 3 de ellos, firmados en enero de este año, representan 313.846.667 millones. ¡Quién fuera de la familia de la Ministra para conseguir trabajo!“.
Los tres acuerdos suscritos durante el primer mes del año actual se celebraron con la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud.
El primero de estos, con la Superintendencia de Salud, alcanzó los $126.500.000. Allí, la madre de la ministra prestó “servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional como estrategia de comunicación integral para divulgar y posicionar las acciones, eventos, iniciativas y la gestión de las comunicaciones de la Superintendencia”. Dicho pacto se celebró por contratación directa.
El segundo contrato —que sigue vigente— fue por 70.680.000 de pesos con el Ministerio del Interior. En este, Fonrodona Montoya ofrecería servicios profesionales “con plena autonomía técnica y administrativa en la Dirección de Asuntos Religiosos para apoyar el impulso y difusión de la Política Pública de Libertad Religiosa u de cultos del Decreto 437 del 2018 aplicadas a las espiritualidades ancestrales en el territorio colombiano“.
Uno más fue con el Ministerio de Salud y sumó 116.666.667 de pesos, para “brindar asistencia técnica al MSPS en la implementación y apropiación de metodologías y/o estrategias de comunicación asociadas a proyectos que fueron priorizados”, de acuerdo con la información que fue difundida por la congresista Pedraza.
La representante comentó que solo con los tres vínculos contractuales de 2026, “la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a ¡más de 26 millones de pesos! (sic)“.
Otros convenios de la mamá de la ministra de Cultura con el Gobierno
La documentación que sacó a la luz Jennifer Pedraza incluyó acuerdos firmados por Fonrodona Montoya como un paquete de tres acuerdos por más 141 millones en 2025, otro de 92 millones en 2024 y uno más por 48 millones en 2023.
Los contratos que firmó la madre de la ministra Kadamani en 2025 fueron:
El primero fue uno muy similar al firmado en enero de 2026 con el Ministerio del Interior, sumó $27.847.190 en ese momento, con el fin de ofrecer servicios profesionales “con plena autonomía técnica y administrativa” en la Dirección de Asuntos Religiosos de la cartera.
Allí apoyaba “el impulso y difusión de la Política Pública de Libertad Religiosa y de cultos del Decreto 437 del 2018 aplicadas a las espiritualidades ancestrales en el territorio colombiano”, firmado el 27 de agosto de 2025.
El segundo lo firmó el 17 de julio de 2025, y fue para apoyar la planeación ejecución y seguimiento “de las estrategias de comunicación externa con el fin de divulgar las acciones del Ministerio de Salud y Protección Social, así como fortalecer los servicios de información y comunicación definidos por la entidad”. Dicho contrato fue por $53.333.400.
El último, firmado el 20 de enero del año anterior, fue para hacer las mismas tareas comunicativas con la cartera de Salud, por un valor de $60.000.000.
Pedraza agregó que la señora Fonrodona ya había trabajado en 2019 con el entonces alcalde de Ibagué, que es el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Alegó que la mujer ha aparecido “en la órbita del poder de este gobierno” en más de cinco oportunidades.
El asunto es que, según denunció Pedraza, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, nunca habría hecho mención de su madre o su hermano en sus nueve declaraciones de conflictos de interés.
Aseguró que la ministra estaría “infringiendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019. Desde que era contratista hasta ahora que es ministra ha omitido indicar a sus familiares”.
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