El debate sobre el rumbo del crédito en Colombia volvió a tensarse. Esta vez, el pulso se dio entre el presidente Gustavo Petro y el gremio bancario, luego de que el mandatario planteara la posibilidad de imponer nuevas inversiones forzosas al considerar que el Pacto por el Crédito no se ha cumplido. Desde el sector financiero, la respuesta fue directa, más cargas obligatorias podrían profundizar la llamada represión financiera.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), presidida por Jonathan Malagón González, rechazó esa alternativa y advirtió sobre sus efectos. “Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios (TDA), las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”, aseguró el presidente de Asobancaria.
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Para el gremio, el problema no es menor. Sostuvo que este conjunto de restricciones ha limitado la profundización financiera, que actualmente se ubica en 44% del PIB, una proporción similar a la de hace diez años y distante del potencial estimado para Colombia, que sería del 65%. En la misma línea, la inclusión financiera crediticia alcanza apenas al 51% de la población adulta, lejos del 75% que registran referentes internacionales.
En ese contexto, Asobancaria cuestionó que se plantee una nueva inversión forzosa similar a la existente, cercana a $35 billones. Según sus cálculos, una medida de ese tamaño reduciría los recursos disponibles para otorgar créditos a sectores no priorizados y tendría efectos macroeconómicos concretos.
El gremio estimó que la decisión implicaría un aumento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés de los créditos en toda la economía. Esto, a su vez, provocaría una reducción de la cartera de 0,9 puntos porcentuales y una caída del PIB de 0,3 puntos porcentuales. En otras palabras, advirtieron que el impacto terminaría trasladándose a los hogares y empresas vía encarecimiento del crédito, sin garantizar necesariamente un mayor flujo hacia los sectores que se busca impulsar.
La discusión surgió en medio de los balances sobre el Pacto por el Crédito. Desde la banca sostienen que los compromisos sí se cumplieron, especialmente en dos frentes, la Economía Popular y el sector agropecuario. Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, se desembolsaron 1,9 millones de créditos por $10,4 billones a la Economía Popular y 7,2 millones de créditos por $26,4 billones al sector agropecuario.
Además, destacaron cambios en la composición de los desembolsos. Antes del Pacto, el 46% de los créditos se dirigía a micro y pequeñas empresas; actualmente, esa proporción asciende a 53%. Si se incluyen las medianas empresas, las mipymes concentran el 67% de los desembolsos, lo que representa un incremento de nueve puntos porcentuales frente al escenario previo.
Desde la perspectiva del gremio, estos datos muestran que el sistema financiero orientó más recursos hacia segmentos tradicionalmente rezagados. Por eso, consideran que endurecer las obligaciones no sería la vía más eficiente para ampliar el acceso al crédito.
En su pronunciamiento, Asobancaria también planteó alternativas. Señaló que el Gobierno cuenta con mecanismos “mucho más efectivos” para impulsar la profundización financiera y la inclusión crediticia, como los subsidios a cuotas de crédito o tasas de interés, el redescuento y las garantías. Estas herramientas, sostuvieron, permiten focalizar apoyos sin generar distorsiones generalizadas en el mercado.
El trasfondo del debate es estructural, cómo ampliar el acceso al crédito en una economía donde la penetración financiera sigue siendo baja frente a estándares internacionales. Mientras el Gobierno explora instrumentos de intervención directa, la banca insiste en que mayores restricciones pueden terminar reduciendo la oferta total de recursos.
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