Horas después de que el Gobierno nacional destituyera al general Edwin Masleider Urrego, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se conoce el documento de inteligencia que sirvió de pretexto para que el ministro de Defensa, Petro Sánchez, ratificara la decisión.
Según el documento conocido por el El Tiempo, elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia y basado en un correo anónimo, profundiza sobre sospecha de una presunta conspiración contra el presidente y el ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque no existirían pruebas concluyentes que respalden la acusación.
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La crisis institucional surgió tras el envío de una breve comunicación anónima al buzón de la organización política Colombia Humana, que advertía sobre un supuesto plan en Barranquilla.
De acuerdo con el mensaje, el teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y otros altos mandos policiales, presuntamente con políticos de derecha como Alex Char, habrían pretendido simular un decomiso de drogas para implicar al jefe de Estado y a Benedetti. El correo mencionaba la experiencia previa de Moreno como enlace con una agencia antidrogas estadounidense en Bogotá.
“Vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace (SIC)”, señala el correo conocido por el diario nacional.
Ante las alertas, la Dirección Nacional de Inteligencia elaboró el informe respondiendo a esta denuncia y lo remitió directamente al presidente Petro. Algunos de sus contenidos se expusieron posteriormente en el Consejo de Ministros.
El informe considera creíble el origen del mensaje, aunque reconoce no haber verificado la veracidad de las acusaciones ni aportado pruebas documentales que demuestren la existencia del complot.
El general Urrego, que previamente lideró la Policía en Barranquilla y dejó el cargo en Cali el 11 de febrero de 2024, negó cualquier implicación en actividades irregulares. En declaraciones a El Tiempo, atribuyó su salida a una supuesta represalia por parte del ministro Benedetti, asociándola a la intervención policial en un allanamiento judicial en la residencia del ministro.
“En su momento hubo situaciones en las que se manifestó la intención de que yo saliera de la Policía, incluso cuando estaba en Barranquilla”, señaló Urrego.
El documento de la Dirección Nacional de Inteligencia detalla antecedentes institucionales de Urrego, incluyendo cuatro procesos en los que fue denunciado o investigado. Ninguno de ellos derivó en una investigación formal y tampoco se relacionó con los hechos actuales.
Asimismo, el informe menciona un artículo de prensa que asoció al general con una supuesta “protección irregular” a la representante de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, la pastora María Luisa Piraquive, ante la Fiscalía en 2014.
Además, se reseñan impedimentos al acceso a la información ciudadana bajo su mando en Barranquilla y se reportan alegatos de interferencias en una investigación sobre alias Papá Pitufo.
En esa misma línea, el informe recopiló el testimonio de un patrullero identificado como Burbano, quien denunció presunta corrupción e intervenciones internas en el caso ‘Papá Pitufo’. Además, se detallan investigaciones judiciales en curso contra otros oficiales, como el exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Heinar Puentes, por presuntos vínculos con una red de contrabando, según el documento revelado por El Tiempo.
El análisis documental incluyó la operación del 23 de julio de 2024, cuando fue capturado “Calarcá”, líder del Estado Mayor Central (EMC). Tras la incautación de dispositivos digitales, un análisis forense vinculó a altos mandos de inteligencia policial con contactos con grupos ilegales. Esos hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía y corresponden al periodo en que Urrego ocupaba cargos en la Policía Judicial.
“Por cuenta de la detención en Antioquia de jefes insurgentes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que se movilizaban en una caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de acuerdo con el comunicado oficial, el material —computadores, celulares y discos duros—fue legalizado ante jueces de la República y sometido a procesos de extracción y análisis técnico por parte de dos equipos forenses de la Policía Nacional, que han emitido cinco informes desde 2024”, señala el documento conocido por el diario nacional.
El informe también se refiere a incidentes recientes, como el presunto sobrevuelo no autorizado de un helicóptero policial sobre la Universidad del Atlántico durante protestas estudiantiles el 30 de octubre de 2023, lo que motivó que la Presidencia exigiera explicaciones ante la falta de permiso.
En sus conclusiones, la Dirección Nacional de Inteligencia evitó formular acusaciones definitivas sobre Urrego, pero sí expuso una hipótesis, como la posible aproximación de las personas señaladas con agencias extranjeras o el uso de conexiones políticas para actos ilícitos.
“No se descarta la posibilidad de que estas personas (el general y un coronel) pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”, concluyó el informe.
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