
David Murcia, fundador y cerebro detrás de DMG Holding S.A., la mayor captadora ilegal de dinero (pirámide) en la historia de Colombia ―condenado por lavado de activos agravado, captación masiva y habitual de dinero, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos―, afirmó que fue torturado en la cárcel de alta seguridad La Tramacúa, en Valledupar, según recientes declaraciones.
Tras 18 años en prisión, Murcia rompió su silencio con una denuncia contundente en diálogo con el periodista Daniel Coronell: asegura que fue torturado en la cárcel luego de su traslado allí el 27 de junio de 2019 por orden directa de la Presidencia de la República, durante el mandato de Iván Duque, como parte de una supuesta persecución política que él atribuye al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Murcia relató que, tras ser trasladado desde Estados Unidos, debía quedar en libertad en Colombia junto con otras personas en circunstancias similares. Sin embargo, fue el único que continuó detenido.
Describió su experiencia como un régimen de aislamiento extremo. “Me encerraron ocho meses, veintidós horas al día entre semana y los fines de semana, veinticuatro horas en una celda. Sin ventilador, pocas veces llegaba agua. Todo tocaba hacerlo ahí, las necesidades y todo eso tocaba hacerlo en ese sitio. Y eso se califica como tortura”, afirmó en diálogos con Coronell.

Aseguró que durante su traslado le revelaron la procedencia de la medida. “Eso es orden de presidencia. Directamente. Eso no tiene nada que ver ni el Inpec ni nada, sino eso es una orden de presidencia”, le comunicaron en ese momento.
Según su relato, se sorprendió por el envío a un recinto reservado para personas de alta peligrosidad, y recordó: “En mi caso no hay violencia, no hay armas, no era que yo estuviera manejando grupos armados ni nada”.
Las autoridades lo equipararon con criminales violentos y, según Murcia, intentaron dañar deliberadamente su imagen pública.
Murcia vincula la reclusión en condiciones inhumanas y la presión judicial con una persecución política que, según afirma, se produjo tras un cambio en la actitud de Uribe Vélez frente a su empresa DMG: “Mi caso no comienza porque la gente me estuviera denunciando... Siempre le cumplí a la gente”.
Por las declaraciones del entonces abogado de David Murcia Guzmán, Abelardo de la Espriella, se conoce que ya había señalado algo similar sobre la “familia DMG” durante una entrevista con el noticiero de Canal Uno en el aeropuerto El Dorado, tras su llegada desde Panamá.

“No se ha quedado mal a nadie. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal. Le pedimos al señor presidente (Álvaro Uribe Velez) de la República que muestre algo del corazón grande que nos prometió que, que nos prometió a quienes votamos por él y que se siente una comisión delegada con él con nosotros para llegar a un acuerdo...(sic)“, afirmo de la Espriella en las cámaras de Canal Uno, rodeado de familias afectadas por la piramide DMG.
“Aquí lo que estamos buscando es demostrar efectivamente que DMG no es, no es una empresa criminal. Queremos que el Gobierno se siente. Un gobierno, este Gobierno y cualquier Gobierno tiene una obligación de sentarse y buscar salidas concertadas. Creemos que tenemos toda la disposición, le hacemos un llamado a la gente, a la gran familia DMG y al presidente de la República para que evite un caos. Y quiero, a través de los micrófonos de la red independiente, señalar que cualquier cosa que ocurra será responsabilidad del Gobierno, porque tenemos toda la disposición para hablar cuando el presidente así lo determine (sic)“, finalizó De la Espriella tras cinco minutos de intervención en el noticiero de Canal Uno.
Explicó que la crisis se originó por la competencia con los bancos y por la presión de actores poderosos contrarios a su modelo de negocio con tarjetas prepagadas. Destacó que en los inicios recibió apoyo presidencial:
“En un consejo, Uribe salió diciendo claramente: ‘He dicho al superintendente que dejen quieta a DMG, porque DMG es un tema de comercialización de bienes, productos y servicios y no es un tema de captación ilegal’. Él mismo lo dijo, él lo tenía claro”.

Murcia subrayó que luego el expresidente “quiso cerrar DMG como sea”, lo que generó, en su opinión, un clima de pánico económico artificial.
Se refirió también a la controversia sobre la supuesta relación de la familia de Uribe con su empresa, indicando que existía una amistad y participación en actividades públicas, pero rechazó que hubiese una sociedad formal. Sobre sus declaraciones no entregó ninguna prueba.
Al narrar su captura en Panamá, Murcia enfatizó que el procedimiento fue irregular y extrajudicial. “Cuando me capturaron en Panamá, no existía orden de captura. Tengo claro que fue un secuestro coordinado entre gobiernos”, afirmó.
Insistió en que la única vía legal disponible era la entrega voluntaria, pero sostiene que su entonces abogado, Abelardo de las Priellas, saboteó esa posibilidad.
Según su versión, la detención en Panamá no tuvo respaldo judicial: “No existía una orden de captura, a mí nunca me leyeron derechos”. Fue trasladado bajo custodia de agentes colombianos, sin poder comunicarse con abogados ni con su familia.

Murcia señaló que la legalización de la captura se realizó en Cartagena, aunque fue detenido un día antes en Panamá. “A mí me secuestran en Panamá el día 19 de noviembre y el día 20 de noviembre es que aparece el documento de que supuestamente fui capturado en Cartagena. Ese documento quedó falsificado ahí”, denunció.
El exabogado Abelardo de las Priellas también fue objeto de sus críticas, al acusarlo de conflicto de intereses, abuso de confianza y de actuar en favor de las autoridades.
“Terminó defendiendo los intereses del gobierno de la época y del fiscal también. Porque yo, cuando salió el tema de la orden de captura, le comuniqué a él y yo le dije: ‘Yo me quiero entregar, organíceme la entrega’... Resulta que lo que estaban haciendo era tratando de que yo hablara más y más para ubicarme en Panamá y poderme secuestrar, porque nunca fue una captura legal”, afrimó Murcia en dialogo con el periodista Coronell.
Murcia sostiene que de las Priellas abandonó su defensa en el peor momento, tras recibir beneficios económicos y sin alegar ante el juez la supuesta ilegalidad de la captura. Criticó además las justificaciones públicas y privadas del exabogado para su renuncia, y denunció supuestas prebendas recibidas por parte del gobierno.
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