El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria urgente para “esclarecer las causas” de la tragedia ocasionada por las inundaciones derivadas de la ola invernal, en el departamento de Córdoba.
De acuerdo con la carta firmada por el jefe de cartera, se requiere determinar responsabilidades “eventuales” de directivos y del operador técnico de la hidroeléctrica Urrá, ante “el impacto humano, social y ambiental registrado en la cuenca del río Sinú”.
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Idárraga elevó la petición después de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara ante las denuncias sobre posibles irregularidades en los planes de contingencia por parte de la junta directiva de Urrá.
El presidente, en repetidas ocasiones, ha afirmado que entre los responsables se encuentran los directivos de la central hidroeléctrica. Incluso, señaló en el Consejo Nacional de la Gestión del Riesgo, que se llevó a cabo el 6 de febrero, que ese proyecto “nunca se debió construir”.
En otra de sus recientes declaraciones, el jefe de Estado expresó que el tema “no lo habla la prensa: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo (sic)”.
La investigación centrada en Urrá
El ministro de Justicia insistió en que la investigación debe centrarse en la junta directiva y el operador técnico de Urrá.
Así mismo, reiteró que la tragedia ha tenido consecuencias graves en la región, y se refirió a los derechos constitucionales de las comunidades. Dijo que los efectos de la contingencia han afectado la vida, los derechos del entorno ambiental, por lo que instó a que se garantice la protección de la población y se prevenga la repetición de hechos similares en futuras obras públicas.
“La adopción de las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias mediante el poder preferente que la Carta Magna le otorga a la Procuraduría tiene como fin garantizar la protección de la vida”, consta en la solicitud elevada ante el Ministerio Público.
El jefe de la cartera también ofreció total disposición y apoyo institucional para facilitar el avance de las investigaciones y asegurar una respuesta estatal articulada y transparente ante la emergencia que vive Córdoba. Pidió celeridad para “actuar con rigor y coordinación” entre las entidades estatales para responder a la gravedad de los hechos y “restablecer la confianza de la ciudadanía”.
Idárraga instó a que la Procuraduría que, en uso de su poder disciplinario preferente, investigue el estado de los análisis de riesgo y la ejecución de los protocolos obligatorios por parte de entidades públicas o privadas responsables de obras civiles mayores que puedan generar riesgos de desastre para la sociedad, y que se adopten medidas preventivas, correctivas y sancionatorias conforme a la Constitución Política y la Ley 1523 de 2012.
Procuraduría pidió al Gobierno priorizar inversiones en el Caribe por ola invernal
Aunque el procurador no respondió a la petición de Idárraga, sí emitió una comunicación en la que acudió al Gobierno nacional para que priorice inversiones públicas en la zona del Caribe colombiano afectada por las inundaciones.
El funcionario expresó su solidaridad con las familias damnificadas y llamó a destinar recursos, tanto de fuentes ordinarias como de la posible emergencia económica, a cuatro ejes principales: atención urgente a la población, reactivación económica con énfasis en agricultura y ganadería, reparación de infraestructura y fortalecimiento de la atención en salud.
El procurador recalcó la necesidad de acciones inmediatas para evitar un mayor sufrimiento a los afectados. Solicitó medidas para reconstruir viviendas, acueductos, vías y escuelas.
Finalmente, informó que envió agentes de alto nivel a la región para supervisar la atención a los damnificados y aseguró que monitorea personalmente el desarrollo de las acciones estatales destinadas a aliviar la situación de las familias perjudicadas por la emergencia.
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