La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) inició un proceso sancionatorio ambiental contra Urrá S.A. E.S.P., operadora del embalse Urrá I, al identificar un sobrepaso sostenido de los niveles máximos permitidos desde 2020, situación que la entidad atribuye a decisiones operativas continuadas y que coincide con el agravamiento de inundaciones en Córdoba.
De acuerdo con la información técnica presentada por la Anla, este excedente reiterado habría impactado directamente en la reciente saturación hídrica y en la urgencia de descargar aguas aguas abajo, contexto que propició la emergencia en la región y ha colocado nuevamente a la represa en el centro del debate público.
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La directora de la entidad, Irene Vélez Torres, expresó que la autoridad ha mantenido un seguimiento riguroso de la actuación de la compañía: “Nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental”.
La también ministra encargada de Medio Ambiente informó que tras la emergencia en Córdoba ordenó una visita inmediata al territorio, en la que se identificó que cientos de familias no recibieron notificación oportuna y se encuentran en albergues con condiciones precarias.
Añadió: “El Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido”.
Entre los hallazgos determinantes, la Anla precisó que durante un monitoreo en 2024 el 20% de las mediciones del embalse superó la Curva Guía Máxima (CGM), umbral que define el nivel crítico seguro para la operación del reservorio.
El patrón de incumplimiento persistió en 2025 y, según análisis de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales (Sipta), en el segundo semestre de ese año se sobrepasó el nivel permitido el 30,6% del tiempo evaluado. Dicha recurrencia, de acuerdo con la entidad, “se explica en mayor medida como una decisión operativa y no como una respuesta excepcional de contingencia frente a eventos de crecientes”.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales detalló que el comportamiento irregular se ha mantenido hasta 2026, periodo en el que la saturación hídrica aumentó súbitamente, lo que obligó a descargar el embalse aguas abajo para reducir el riesgo estructural.
En total, la entidad ha emitido seis conceptos técnicos a la empresa entre 2020 y el presente, solicitando explicaciones y advirtiendo sobre el incumplimiento sistemático de las reglas de operación, según se lee en los informes remitidos y comunicados oficiales.
El caso ha adquirido mayor notoriedad luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara a través de X que cualquier vertimiento de Urrá que afecte a los campesinos constituye un “crimen ambiental”, solicitando la renuncia inmediata de la gerencia y la asunción de eventuales responsabilidades penales. Urrá S.A. E.S.P., responsable del embalse, pertenece casi en su totalidad al Estado.
El origen de la polémica reside en si las lluvias que elevaron el nivel del embalse eran previsibles y si la empresa tenía margen para liberar caudales gradualmente, posibilitando evitar una descarga abrupta.
En este sentido, la Anla sostiene, respaldada por datos de Sinergox – XM y el Centro de Monitoreo institucional, que las decisiones de operación reiteradamente excedieron los límites de seguridad fijados por la Curva Guía Máxima.
Además, la autoridad ambiental subrayó que seis embalses más del país permanecen hoy en alerta roja y reiteró a sus operadores la exigencia de activar de manera inmediata e integral sus planes de emergencia y contingencia.
Max Henríquez señala posible negligencia en el manejo del embalse Urrá tras inundaciones en Córdoba
La reciente crisis de inundaciones en Córdoba impulsó un cruce de señalamientos entre autoridades y representantes del sector energético sobre la responsabilidad en los daños ocasionados.
El presidente Gustavo Petro subrayó que la combinación entre el manejo del embalse de Urrá y la crisis climática agudizó la emergencia en la Costa Caribe, al sostener que los generadores de energía eléctrica “están botando agua gratuitamente y por miles de toneladas por segundo”, elevando así las consecuencias sobre la población.
En respuesta directa a la gestión de los embalses, el presidente Petro dirigió su crítica a la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), a la que exigió: “Dejen de ser cínicos. Ustedes saben por qué tenían a reventar los embalses en medio del verano, y por qué, ahora que llegan las lluvias, estaban a reventar”.
Insistió en que la situación se agravó debido a que, durante buena parte del mes de enero, los embalses permanecieron “súper llenos y por encima de la norma”.
El debate encontró eco en el ámbito de la meteorología. El experto Max Henríquez coincidió con el jefe de Estado y atribuyó las inundaciones principalmente al repentino desembalse de la represa. Henríquez afirmó que: “El embalse de Urrá estaba demasiado lleno para un evento de La Niña. El desembalse fue lo que pudo causar esas inundaciones. No han aprendido a manejar este recurso contemplando estos eventos de la naturaleza. Es inaudito”.
Frente a estos señalamientos, la entidad que reúne a los generadores de energía, Acolgen, defendió el proceder técnico de sus afiliados.
Su posición remarca: “Verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas”.
Sostuvieron que las descargas resultan forzadas ante niveles críticos de almacenamiento, ya que evitar el vertimiento puede poner en riesgo la infraestructura. Ante ello, el presidente Petro remarcó: “Claro que las descargas de ahora de Urrá son obligatorias o, si no, se derrumban los muros o el agua sale sin control por arriba. Pero eso obedece a que previamente la represa estaba súper llena y por encima de la norma. Así duró la mitad del mes de enero. Así que Acolgen no sea cómplice del exabrupto”.
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