La demora en el inicio del Consejo de Ministros extraordinario en Montería, Córdoba, convocado para abordar la emergencia invernal que afecta a 150 mil personas en Córdoba, alteró el desarrollo previsto y generó molestia entre los líderes locales.
Aunque la cita estaba programada para las 7:00 p. m., el presidente Gustavo Petro solo dio inicio a la sesión después de las 10:00 p. m., un retraso que ha sido recurrente en la agenda presidencial.
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La expectativa de los alcaldes de ser escuchados directamente por el Gobierno nacional se vio frustrada. Seis mandatarios de diferentes municipios de Córdoba manifestaron su descontento por no haber tenido la oportunidad de intervenir ni de exponer la situación específica de sus territorios.
Según ellos, la ausencia de diálogo “limita la posibilidad de que las decisiones se ajusten a las realidades locales y a las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas”.
La imagen de varios alcaldes sentados en el suelo, a la espera de participar, se viralizó rápidamente como símbolo del desencuentro entre las autoridades municipales y el Ejecutivo central.
El martes 10 de febrero, el presidente Gustavo Petro justificó la exclusión de los alcaldes del consejo ministerial. El mandatario afirmó: “No hubo mayor reacción sino a esta hora, pero sí mientras discutíamos aquí. Es importante, porque para eso se hace. Crítica que se tiraron por ahí un corredor a decir que no lo recibimos”.
El jefe de Estado continuó diciendo “No, no, esto es un Consejo de Ministros, tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones".
De esta manera, el mandatario explicó que “lo que estamos es resolviendo desde el gobierno nacional, que es la instancia que elige el presidente más directamente y el Consejo de Ministros, una situación que indudablemente es grave y que tenemos que no solo analizar”.
Detalles del Consejo de Ministros
El presidente Gustavo Petro enfrentó una nueva ola de críticas tras reunirse con su gabinete, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, en medio de la emergencia invernal que golpea a la región.
Las soluciones concretas para los municipios más afectados no llegaron durante el Consejo, pero sí arreciaron los señalamientos sobre el manejo de las ayudas oficiales.
Mientras el encuentro se desarrollaba, casi una decena de alcaldes de municipios fuertemente impactados por las lluvias aguardaban fuera del recinto. Entre ellos estaban los mandatarios de Canalete, Cotorra, Tierralta, Lorica, Moñitos, Puerto Libertador, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro, este último el municipio natal del propio presidente. Las imágenes de los alcaldes sentados en el suelo, esperando ser escuchados, circularon en varios medios locales y pusieron en evidencia la tensión política.
La intervención de Petro ante su gabinete no estuvo exenta de acusaciones directas. El presidente denunció lo que llamó una “sinvergüenzura” en la gestión de las ayudas humanitarias. “Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos que están en campaña, diciendo entonces que la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Entonces eso se llama sinvergüenzura”, afirmó el mandatario.
El presidente no se limitó a señalar la apropiación de recursos, sino que fue más allá al advertir: “No todo el mundo es así, pero es lo determinante. Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos”.
Con estas palabras, el jefe de Estado puso en el centro del debate la instrumentalización política de la emergencia, una acusación que revive los conflictos entre el Gobierno central y los poderes locales.
Solicitud urgente a la Corte Constitucional
En respuesta a la magnitud del desastre, el Gobierno Nacional decidió radicar una petición ante la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional del decreto de emergencia económica. La solicitud, presentada el lunes 9 de febrero, fue dirigida a la Sala Plena, invocando un “hecho sobreviniente” que, en palabras del documento, representa “una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”.
El texto reconoce que la suspensión del decreto, vigente desde el 29 de enero, ha sido respetada “de manera estricta y sin reservas” por el Ejecutivo. No obstante, el presidente argumenta que desde entonces han surgido “hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país”.
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