La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, información sobre los avances en la investigación contra el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, mencionado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ante el riesgo de que abandone el territorio nacional sin haber sido vinculado formalmente a un proceso penal.
La petición fue presentada mediante una carta y un derecho de petición en los que se exponen interrogantes sobre la falta de actuaciones judiciales frente a quien habría cumplido funciones de enlace entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República. Según el documento, diversas declaraciones dentro del proceso penal han señalado reiteradamente su presunta participación en el direccionamiento de contratos de la entidad.
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En el escrito se advierte que “dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el entramado de corrupción en la Ungrd, varios interrogatorios, declaraciones juradas y principios de oportunidad otorgados por personas hoy procesadas han mencionado de manera reiterada al señor Ramírez Cobo como presunto partícipe o articulador dentro de dicho esquema”.
Estas referencias incluyen los testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, actualmente testigo en distintos expedientes; del exdirector de la Ungrd, Olmedo López; y del ex subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quienes han rendido declaraciones ante las autoridades judiciales.
La solicitud a la Fiscalía
La Red de Veedurías señala que, pese a los señalamientos, no se conoce que Ramírez Cobo haya sido citado siquiera a interrogatorio dentro de una investigación penal. En ese sentido, el documento afirma: “pese a lo anterior, y sin que medie explicación pública, procesal o jurídica suficiente, hasta la fecha no se tiene conocimiento de que el señor Ramírez Cobo haya sido siquiera llamado a interrogatorio, diligencia misma dentro de cualquier investigación penal seria y diligente”.
Para los solicitantes, esta situación podría generar un riesgo para la administración de justicia, al existir la posibilidad de que el exasesor abandone el país sin que se hayan adoptado decisiones judiciales que aseguren su comparecencia. El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas mencionó antecedentes dentro del mismo caso, como los de Carlos Ramón González y César Manrique Soacha, y planteó la necesidad de que la Fiscalía adopte medidas que eviten escenarios similares.
La solicitud fue radicada como derecho de petición con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y en las leyes estatutarias de veedurías ciudadanas. En el documento, la organización señala que actúa “en defensa del interés general, de la moralidad pública” y en ejercicio del control social frente a posibles hechos de corrupción.
Mención sobre otro caso de presunta corrupción
El derecho de petición también hace referencia a declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro, que mencionó a Laura Sarabia y a Jaime Ramírez Cobo en relación con presiones para el nombramiento de interventores de entidades promotoras de salud (EPS). Según el documento, ambos funcionarios mantienen una relación de amistad de larga data y Ramírez Cobo habría sido padrino de matrimonio de la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Sobre este punto, la comunicación enviada a la Fiscalía sostiene: “resulta especialmente preocupante que el mismo señor Ramírez Cobo ha sido mencionado en otro episodio de presunta corrupción, distinto al de la Ungrd, en el cual, según información conocida públicamente, el propio Presidente de la República manifestó haber sido presionado para el envío de hojas de vida de su amiga Laura Sarabia”.
La organización considera que este contexto incrementa la urgencia de una respuesta institucional clara sobre la situación jurídica del exasesor presidencial. En ese sentido, el documento concluye que “este contexto refuerza la necesidad de una actuación pronta, clara y transparente por parte de la Fiscalía, máxime cuando se trata de un caso macro, de altísimo impacto institucional y social”.
El texto radicado en Bogotá el 6 de febrero está suscrito por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, que actúa en nombre de la organización afiliada a Veedores sin Fronteras; y fue dirigida a la fiscal general de la Nación y a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, con carácter urgente.
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