
Tunja avanza en la modernización de su sistema de control vial con la entrada en operación de cinco cámaras de fotodetección destinadas a fortalecer la seguridad en puntos críticos de alta siniestralidad.
Así lo anunciaron la Secretaría de Tránsito y Vida Territorial, el Consorcio de Tránsito Tunja y la Defensoría Nacional para la Seguridad Vial, quienes detallaron el proceso de instalación, ubicación de los dispositivos, criterios técnicos y el calendario de implementación.
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Las cámaras, ubicadas tras un estudio de los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT), se encontrarán en:
- Avenida Norte con calle 59, frente al restaurante ‘Punto Llanero’.
- Avenida Norte con calle 53, sector de los concesionarios (con tres dispositivos, incluyendo uno hacia la plaza del norte).
- Avenida Norte con calle 41, inmediaciones del Pozo de Donato.
- Avenida Oriental con carrera 7, cerca al Colegio de Boyacá o las canchas de la Remonta.
- Ruta nacional 55 (BTS), sector Amparo del Niño.

Aunque los equipos ya están instalados y activados, la operación sancionatoria iniciará el 16 de marzo de 2026, precedida de una fase de socialización hasta el 15 de marzo. Durante ese periodo se desarrollarán campañas pedagógicas, foros abiertos y jornadas informativas dirigidas a conductores y peatones en los puntos de detección, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la seguridad vial.
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Las cámaras estarán activas las 24 horas del día y detectarán infracciones como exceso de velocidad, cruce de semáforo en rojo, no portar Soat y no contar con la revisión técnico-mecánica vigente. Los límites de velocidad establecidos serán de 30 km/h en dos puntos y de 40 km/h en los tres de la avenida Norte, en atención a la cercanía de instituciones educativas y alta afluencia peatonal.
Cabe resaltar que el valor de estas multas está entre $633.000 y $1.266.000, esto dependiendo de la gravedad de la infracción. La señalización preventiva se instala hasta 300 metros antes de cada punto, para permitir la reducción gradual de la velocidad y advertir a los usuarios sobre la presencia de sistemas de vigilancia.
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Cada punto contará con una cámara por sentido de circulación, a excepción del sector de los concesionarios, donde habrá tres dispositivos. Los comparendos detectados por las cámaras serán cargados al sistema de infracciones en aproximadamente tres días y podrán consultarse en el portal del Simit.
Sobre la destinación de los recursos recaudados, el gerente del consorcio, Elkin Raguá, explicó que la ley exige que estos fondos se destinen exclusivamente a seguridad vial, proyectos y planes de movilidad, no a mantenimiento o infraestructura vial, que se financian con ingresos propios del municipio y otros recursos oficiales.
El modelo financiero prevé que, tras los descuentos legales y obligaciones contractuales, el consorcio operador recibe un 57% y el municipio un 21% de los ingresos, mientras el consorcio asume todos los costos operativos y de inversión, estimados en 35.000 millones de pesos a 25 años. Entre las principales inversiones destaca la modernización del sistema semafórico, con el objetivo de conectar todas las intersecciones a una central inteligente, reemplazando los equipos obsoletos actuales.
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Las autoridades recalcan la importancia de consultar fuentes oficiales para informarse sobre la ubicación y operación de las cámaras. Para validar la legalidad de un dispositivo, los ciudadanos pueden ingresar al sitio web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se verifica si la cámara está registrada y autorizada por el Ministerio de Transporte; además, se puede confirmar si el dispositivo es apto para la infracción impuesta.
Si la multa fue aplicada por una cámara no autorizada o ubicada en un sitio diferente al permitido oficialmente, el conductor tiene derecho a impugnar el comparendo. La señalización visible es obligatoria y debe advertir a los usuarios sobre la vigilancia electrónica antes de ingresar a la zona monitoreada.
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Finalmente, las autoridades reiteran que el control permanente busca salvar vidas y que el día que ocurra una fatalidad en uno de estos puntos, la ciudad debe demostrar que actuó preventivamente para proteger a los ciudadanos.
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