Ecopetrol rechazó la veracidad de información difundido por un medio nacional, en el que se aunió que el presidente de la compañia petrolera, Ricardo Roa, estaba vinculado a la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).
En el comunicado emitidoo el 5 de febrero de 2026, a pocas horas de haberse difundio la noticia, la dirección de la empresa desmintio la información.
“La noticia publicada hoy 05 de febrero, en el diario La República, que titula ‘EE. UU. contempla la eliminación de Ricardo Roa de la lista Clinton’, no corresponde a la verdad”. Desde Ecopetrol, aclararon que ni la empresa, ni su presidente, ni colaboradores activos han aparecido en el listado de sanciones elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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La petrolera solicitó una corrección formal, destacando la confusión generada y el impacto que esto implica para su buena imagen. “Se ha solicitado formalmente al referido medio la rectificación por la inexactitud del titular y de la nota, ante la confusión que genera en la opinión pública y dada la afectación a la reputación de la Empresa”, expresó Ecopetrol, mientras que el medio anunció que hará la corrección en su versión impresa y digital.
Tras las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, el directivo Ricardo Roa manifestó el compromiso de la compañía: “Ecopetrol estará atenta al levantamiento de las restricciones de la Ofac sobre Venezuela, para apoyar la reactivación de la economía del vecino país”.
Según experto las declaraciones de ‘Pipe Tuluá’ podrían llevar a prisión a Gustavo Petro y a Ricardo Roa
Las consecuencias legales que enfrentaría el presidente Gustavo Petro y su equipo por la supuesta financiación ilegal de su campaña dominaron el debate en el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio en Bogotá.
El panel, conformado por magistrados de altas cortes y expertos en derecho, analizó la amenaza real de investigaciones penales si se corrobora la veracidad de los señalamientos hechos por Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá.
El abogado José Luis Moreno advirtió durante su intervención que de confirmarse los hechos, tanto el gerente de campaña, Ricardo Roa, como el propio mandatario podrían enfrentar “una pena entre cuatro y ocho años de prisión, no solamente para el gerente de campaña, sino también para el candidato y para quienes sabían de esta financiación ilegal, incluso para quien aportó el recurso”.
La reunión, que contó con la presencia de figuras como Carlos Roberto Solórzano, Juan Carlos Espeleta, Gerardo Barbosa, Hilda González, y la participación internacional del catedrático Jordi Nieva Fenoll de la Universidad de Barcelona, giró en torno a la complejidad de los macrocasos judiciales, la presión mediática y la necesidad de estándares claros para la toma de decisiones en la justicia.
En ese contexto, Moreno insistió en que “el audio revelado al país en las últimas horas no constituye una prueba sólida. Es fundamental siempre recaudar el suficiente material probatorio y hacer las valoraciones reales y con la mayor rigurosidad, para poder lograr la existencia de una motivación justa en cuanto a la adecuación típica de una conducta de una persona y su participación en determinado delito”.
El moderador del foro recalcó la urgencia de que alias Pipe Tuluá aporte pruebas tanto en Estados Unidos como en Colombia, asegurando así la transparencia del proceso. “Estas declaraciones son graves, pero hay que analizarlas con la mayor rigurosidad para que la Fiscalía evalúe las responsabilidades que haya lugar”, manifestó.
Los asistentes coincidieron en el riesgo de automatizar los procesos judiciales sin los debidos controles y subrayaron la importancia de un análisis probatorio completo para esclarecer la posible existencia de delitos de financiación ilícita. Según Moreno, solo un examen riguroso del material presentado permitirá aclarar la responsabilidad de los implicados.
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