El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, emitió una alerta tras identificar que grupos armados ilegales muestran interés político y electoral en el 40% de los municipios donde hacen presencia.
Según la revisión de la Registraduría, en 312 municipios, casi la mitad de estos territorios presentan dinámicas que podrían poner en duda la libertad y transparencia del proceso electoral de 2026.
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Esta advertencia se realizó durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales el jueves 29 de enero, a pocas semanas del inicio oficial del calendario electoral.
Atomización de grupos ilegales y riesgo en el proceso electoral
De acuerdo con Penagos, la “atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional” genera nuevos focos de influencia y amenaza en distintas regiones de Colombia.
El funcionario explicó que, de los 312 municipios analizados, “en el 40% de ellos pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales”. La Registraduría detectó que las organizaciones criminales diversificaron su presencia, lo que dificulta la respuesta institucional y aumenta la vulnerabilidad de los comicios.
El análisis realizado por la Registraduría, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, se basa en mapas de riesgo que consideran variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana.
“Estos mapas permiten focalizar acciones y definir estratégicamente la ubicación de puestos y mesas de votación, priorizando la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”, detalló Penagos durante el evento.
Instrumentalización del voto y coacción en zonas vulnerables
La alerta de la Registraduría Nacional se centra en la posibilidad de que los grupos armados ilegales busquen manipular los resultados electorales mediante la instrumentalización del voto y la coacción a los electores.
“Hay algunos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. Eso es razonable, pues por aquello de la seguridad”, afirmó Penagos en declaraciones púlicas.
No obstante, el registrador también subrayó que existen municipios, especialmente en el noroccidente de Colombia, donde la violencia convive con altos niveles de participación electoral.
Sobre este fenómeno, Penagos advirtió que “pudiera haber instrumentalización del voto, coacción a los electores”, lo que obliga a las autoridades a extremar las medidas de prevención y control. “Que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa naturaleza para atacarlas de manera permanente”, enfatizó durante su intervención.
Acciones institucionales y vigilancia de organismos de control
La sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales contó también con la presencia del procurador Gregorio Eljach, la fiscal Luz Adriana Camargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Además, participaron representantes de la cúpula militar y de la Misión de Observación Electoral (MOE), liderada por Alejandra Barrios.
Estos organismos hicieron un llamado a redoblar las medidas de seguridad en las zonas identificadas como de mayor riesgo. Tanto la MOE como la Defensoría del Pueblo insisten en la necesidad de fortalecer la vigilancia electoral y garantizar condiciones para el ejercicio libre del derecho al voto.
La Registraduría Nacional reiteró que la transparencia del proceso electoral depende de la capacidad de las instituciones para anticipar y responder a las amenazas identificadas. La construcción de estrategias preventivas y la focalización de recursos en los territorios más vulnerables forman parte del plan para proteger la integridad de los comicios de 2026.
El registrador aseguró que la vigilancia sobre la instrumentalización del voto y la coacción a los electores se mantendrá como prioridad hasta la jornada de votación y durante el escrutinio.
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