Un operativo masivo adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de enero dejó al descubierto tanto la magnitud de las estructuras criminales en los centros de reclusión como las profundas deficiencias en la atención a los privados de la libertad.
La intervención, que incluyó la presencia directa del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y del director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, permitió decomisar un total de 1.320 celulares, 1.700 tarjetas SIM, 480 armas blancas —algunas de fabricación artesanal y de hasta medio metro de largo—, más de 27 kilos de drogas y 620 litros de licor.
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Además, fueron asegurados aproximadamente 13 millones de pesos en efectivo, hallazgos que evidencian cómo la criminalidad sigue operando dentro de las cárceles.
El operativo, que se llevó a cabo en 124 establecimientos penitenciarios de todo el país, tuvo como eje principal la actualización de los sistemas de inhibidores de señal, cuya infraestructura no recibía mantenimiento desde 2012.
El ministro Idárraga destacó que estas acciones son parte de un plan integral para recuperar el control del sistema carcelario y garantizar que los bloqueadores funcionen correctamente. “Ya arrancamos con todo el mantenimiento de redes”, afirmó, precisando que la estrategia incluye procedimientos regulares y seguimiento permanente.
El coronel Gutiérrez señaló que toda la información obtenida durante el operativo se remite de inmediato a la Fiscalía, para que se inicien las investigaciones correspondientes.
El oficial también subrayó que este tipo de procedimientos se repetirá con mayor frecuencia, como parte de la ofensiva del Gobierno contra la extorsión, el uso ilegal de comunicaciones y las redes delictivas que operan desde los centros de reclusión.
Más allá de los decomisos, la inspección en La Picota, la principal cárcel de Bogotá, evidenció problemas estructurales graves.
Las condiciones de suministro de agua, alimentación y atención médica continúan siendo insuficientes, mientras que la población reclusa enfrenta incertidumbre jurídica y temor ante posibles traslados al extranjero, específicamente hacia Venezuela.
Durante el operativo, se detectó preocupación por las políticas de extradición del Gobierno hacia ese país, en un contexto en el que los internos buscan garantías claras sobre su integridad y seguridad.
Los hallazgos sobre infraestructura reflejan una crisis prolongada. Según información del Inpec, el acceso al agua se limita a unas pocas horas diarias, mientras que la calidad de la comida y la atención sanitaria es irregular.
Estas deficiencias se suman a problemas de hacinamiento y a la presencia de elementos prohibidos dentro de los pabellones, lo que aumenta el riesgo de violencia y dificulta los programas de rehabilitación y reinserción social.
El operativo también permitió evidenciar el alcance de las redes de contrabando dentro de los establecimientos.
La cantidad de celulares incautados, junto con las tarjetas SIM y el licor, muestra que los privados de la libertad cuentan con medios para mantener contacto con el exterior, lo que perpetúa las actividades ilícitas y la extorsión, fenómeno que las autoridades buscan mitigar con el fortalecimiento de los controles y bloqueadores de señal.
Si bien el Gobierno ha puesto en marcha programas de salud, apoyo psicológico y reinserción, la percepción dentro de la población reclusa es que las medidas no han sido suficientes.
Los testimonios recopilados durante la jornada resaltan la precariedad de la alimentación, la falta de agua y la exposición a situaciones de riesgo derivadas de la criminalidad interna. La sensación de vulnerabilidad aumenta con la incertidumbre sobre los traslados y la extradición, lo que genera tensiones adicionales en un sistema ya sobrecargado.
El ministro Idárraga reafirmó su compromiso con la atención de los privados de la libertad y el mejoramiento de las condiciones penitenciarias.
“Estamos trabajando para garantizar la atención de todos y mejorar las condiciones carcelarias”, señaló, y destacó que los proyectos en curso buscan no solo la seguridad y control dentro de las cárceles, sino también la salud, la rehabilitación y la futura reintegración de los presos a la sociedad.
Con el megaoperativo, el Gobierno pretende demostrar que está dispuesto a intervenir en las estructuras criminales que operan desde los centros de reclusión, pero también a enfrentar los problemas históricos de infraestructura y servicios básicos, mientras la población reclusa continúa exigiendo garantías frente a nuevas políticas de traslado y extradición.
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