El proyecto para construir la doble calzada faltante en la vía Bogotá–Villavicencio atraviesa uno de sus momentos más críticos desde que empezó a estructurarse formalmente en 2023.
Lejos de avanzar hacia la fase de ejecución, los estudios y diseños del megaproyecto quedaron suspendidos y sin una hoja de ruta clara para destrabarse en el corto plazo.
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Documentos oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), conocidos por el medio de comunicación económico Valoranalitik, evidencian que el contrato de consultoría, adjudicado para viabilizar técnica y financieramente la obra, se encuentra detenido mientras se resuelven trámites clave ante varias entidades del Gobierno nacional.
La pausa se dio en un momento simbólico: el 24 de diciembre de 2025, cuando la vicepresidenta de estructuración de la ANI autorizó la suspensión del contrato a solicitud del consorcio encargado.
Una obra estratégica que no logra destrabarse
El proyecto busca completar la doble calzada entre los sectores de El Tablón y Boquerón, uno de los tramos más complejos de la vía al Llano y escenario frecuente de cierres por inestabilidad geológica. Se trata de una intervención considerada estratégica para la conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales, tanto para el transporte de carga como para la movilidad de millones de viajeros.
Para sacar adelante esta iniciativa, el medio reveló que el Gobierno adjudicó en septiembre de 2023 una consultoría integral que debía cubrir desde los estudios técnicos hasta la estructuración financiera, ambiental y predial. El cronograma original contemplaba cuatro fases, tres de ellas con fecha límite al 31 de diciembre de 2024 y una última que se extendería hasta finales de 2026.
Sin embargo, el avance real estuvo lejos de ese calendario. El propio contratista reconoció que la complejidad del proyecto obligó a modificar plazos y ajustar entregables, lo que fue dilatando el proceso sin que se lograra cerrar por completo una de las fases clave.
Trámites y decisiones que siguen en el aire
El primer freno formal se dio a finales de 2025, cuando la ANI aceptó suspender el contrato durante un mes ante la imposibilidad de avanzar sin avales de entidades como los ministerios de Hacienda y Transporte, además del Departamento Nacional de Planeación. Estos pasos son obligatorios para iniciativas de esta magnitud, que requieren concepto favorable de instancias como el Confis o el Conpes.
Lejos de resolverse, la situación se prolongó. El pasado 22 de enero, la entidad decidió extender la suspensión hasta el 23 de febrero de 2026, argumentando que las causas que originaron el freno persistían y escapaban al control tanto del consultor como de la ANI. En otras palabras, el proyecto quedó en una especie de limbo administrativo.
La plata, el mayor obstáculo para avanzar
Según Valoranalitik, más allá de los trámites, el mayor factor de incertidumbre es financiero. El contratista advirtió que la obra está pensada para financiarse en su totalidad con vigencias futuras, sin aumentos en las tarifas de peaje del corredor. Eso implica que el costo completo, superior a los $3 billones, recaería sobre el Presupuesto General de la Nación durante las próximas décadas.
A esto se suma la competencia por recursos con otros megaproyectos viales. La ANI avanza en paralelo en la estructuración de una nueva concesión para el corredor Estanquillo–Popayán, que demandaría inversiones superiores a los $7 billones. Este escenario reduce el margen fiscal para sacar adelante, al mismo tiempo, otra iniciativa de gran envergadura.
Por ahora, el balón está en la cancha del Gobierno, que deberá decidir si prioriza o no la doble calzada faltante hacia Villavicencio. Mientras tanto, la obra más esperada por los usuarios de la vía al Llano sigue detenida, sin fecha clara para retomar su camino.
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