Casi tres décadas después de una de las noches más violentas del conflicto armado en el Magdalena Medio, la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja vuelve al centro del debate público.
Este miércoles 28 de enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará la audiencia pública del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia, en el que se investigan graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la incursión paramilitar que dejó asesinatos y desapariciones forzadas en esa ciudad petrolera.
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El expediente que llega al tribunal internacional no solo revisa los crímenes perpetrados por estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino que pone bajo la lupa la posible responsabilidad del Estado por la aquiescencia, colaboración y omisión de miembros de la Fuerza Pública en un contexto de alta militarización.
Se trata de un proceso que, además, reabre la discusión sobre el alcance real de la justicia transicional y las deudas persistentes con las víctimas.
Una incursión que marcó a la ciudad
La noche del sábado 16 de mayo de 1998, alrededor de 50 hombres armados ingresaron en camiones a barrios del suroriente de Barrancabermeja —Nueve de Abril, El Campín, Divino Niño y La Esperanza— y sembraron el terror. Interrumpieron reuniones comunitarias, sacaron a personas de sus casas y las separaron de sus familias con listas en mano y la ayuda de encapuchados que las señalaban.
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Siete personas fueron asesinadas en el lugar y otras 25 fueron desaparecidas forzadamente. Con el tiempo se supo que muchas de ellas fueron llevadas a zonas rurales, donde fueron torturadas y ejecutadas.
El impacto fue devastador: no solo por la magnitud del crimen, sino porque ocurrió en una ciudad atravesada por retenes militares y policiales que, según múltiples testimonios, no impidieron el paso de los victimarios.
La responsabilidad estatal bajo examen internacional
El caso avanzó en el sistema interamericano tras años de investigación y reclamos de las familias. En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su Informe de Fondo y, luego de once prórrogas solicitadas por el Estado colombiano, decidió en julio de 2024 someter el expediente a la Corte IDH, al considerar que aborda asuntos de interés público regional, como la desaparición forzada y la connivencia estatal.
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Si bien en 2007 el Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad por omisión, el proceso internacional va más allá. La Corte analizará si existió una responsabilidad por acción, derivada de una inacción deliberada y coordinada de agentes estatales que permitió la operación paramilitar en una de las ciudades más vigiladas del país. En la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representará a Colombia.
Memoria, justicia y los límites de la transición
Uno de los elementos más sensibles del caso es que, por primera vez ante la Corte IDH, se cuestiona de manera directa el balance de la justicia transicional en Colombia. Aunque confesiones posteriores permitieron ubicar algunos restos y reconstruir lo ocurrido, las condenas contra altos mandos responsables de las omisiones siguen siendo escasas o inexistentes.
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Para organizaciones de víctimas y de derechos humanos, la audiencia no es solo un trámite judicial, sino una oportunidad para reafirmar la verdad histórica y exigir garantías de no repetición. En 2018, el Estado colombiano pidió perdón públicamente por no haber protegido a la población de Barrancabermeja, pero ese gesto simbólico no ha cerrado las heridas ni ha saldado la deuda de justicia.
La decisión que adopte la Corte IDH podría tener efectos de largo alcance: desde medidas de reparación integral hasta órdenes de reforma institucional. Para las familias de las 32 víctimas, el proceso representa la posibilidad de que, al fin, la comunidad internacional reconozca la dimensión completa de lo ocurrido y establezca responsabilidades claras en uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano.
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