El gobierno chileno, en cabeza de su presidente Gabriel Boric, expulsó de su país a 52 colombianos que, según las autoridades de ese país, infringieron las normas de migración o presentaron algún tipo de investigación por presuntos nexos con bandas criminales.
Así lo anunció el Servicio Nacional de Migraciones de Chile (Sermig) en la tarde del lunes 26 de enero. Además, la entidad entregó detalles del vuelo chárter en el que los colombianos, además de otros 31 bolivianos, salieron de su territorio.
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Según Sermig, la operación se enmarca en el esfuerzo por cumplir la legislación vigente y fortalecer la seguridad nacional. “La regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo”, destacó Luis Eduardo Thayer, director nacional del organismo.
El vuelo, que partió con destino a Colombia y Bolivia, marcó el operativo número 23 de este tipo desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric en 2022. En ese período, Chile ha acumulado 4.421 expulsiones de personas extranjeras, una buena parte conformada por colombianos.
Entre los motivos que justificaron la deportación, destacan delitos como tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas y el ingreso al país por pasos no habilitados. Además, 56 personas fueron expulsadas por causas administrativas, tras haber sido condenadas por delitos como robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales e infracción a la ley de drogas.
La jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana de la Policía de Investigaciones, prefecto Polly Ureta Aburto, puntualizó que todos los expulsados mantenían órdenes de expulsión vigentes al momento del operativo.
En el acumulado de 2025, el Sermig y la Policía de Investigaciones registraron 1.117 extranjeros expulsados, incluido un colombiano. Durante los primeros días de 2026, ya se contabilizan 128 expulsiones más.
Desde su llegada al poder en marzo de 2022, el presidente Boric ha endurecido su posición frente a los extranjeros que incurren en delitos en territorio chileno. Ha solicitado además la colaboración de los gobiernos de la región para enfrentar de manera conjunta este fenómeno.
La justicia de Estados Unidos deporta a una joven colombiana embarazada pese a orden federal
Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una joven colombiana de 21 años, fue deportada de Estados Unidos a Colombia el 21 de enero, aun cuando se encontraba en las últimas semanas de embarazo y había solicitado asilo por persecución tras el asesinato de su padre.
La deportación se ejecutó pese a que existía una orden emitida por la jueza federal Sarah E. Geraghty para mantener a Buitrago Ortiz en el país hasta enero de 2026. La magistrada dispuso: “Si la peticionaria aún no ha salido de Estados Unidos, se prohíbe a los demandados deportar a Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026”. El fallo se conoció luego de que la joven ya estaba fuera del territorio estadounidense.
Durante su proceso migratorio, sus abogados argumentaron que la expulsión ponía en riesgo su salud y la del bebé, presentando alegaciones de emergencia médica y reclamando que no había recibido atención adecuada mientras estuvo bajo custodia. Aunque la defensa interpuso un habeas corpus y una demanda federal para frenar la deportación, la joven fue trasladada desde Louisiana hasta Atlanta, Georgia, y de ahí a Colombia, donde pudo contactar a su madre al llegar.
Mientras tanto, su madre permaneció en Estados Unidos al conseguir la aprobación de su entrevista de miedo creíble, situación que resaltó las diferencias en el trato recibido por ambas en el proceso de asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que no existían registros médicos que impidieran la expulsión y aseguró haber cumplido con todos los protocolos especiales para embarazadas, proporcionando exámenes médicos, controles prenatales, atención de salud mental y apoyo nutricional. Según las autoridades, Buitrago Ortiz abordó el vuelo de deportación sin incidentes.
Funcionarios estadounidenses agregaron que la joven sería presuntamente integrante del grupo criminal Tren de Aragua y que acumulaba antecedentes por ingreso ilegal reincidente; el abogado Anthony Enriquez, del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, negó tajantemente cualquier vínculo criminal: “El gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que respalden tales acusaciones”, afirmó según CNN.
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