
Hay indignación en la familia de Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una joven colombiana de 21 años que, pese a estar en las últimas semanas de su embarazo, fue deportada por el gobierno de Estados Unidos a Colombia tras solicitar asilo por alegar persecución y violencia, luego del asesinato de su padre.
Según la información conocida hasta el momento, la joven viajó a la frontera de Texas en noviembre junto a su madre y hermanos, donde fue detenida y permaneció bajo custodia de las autoridades migratorias.
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Su madre logró continuar el proceso de asilo en libertad, ya que se aprobó su entrevista de miedo creíble. En contraste, la solicitud de Buitrago Ortiz fue rechazada, lo que motivó su reclusión durante el embarazo y marcó una diferencia de trato respecto a otros miembros de su familia.
La defensa de la joven presentó argumentos legales y médicos, sustentados en una presunta emergencia médica manifestada a través de dolores abdominales y en la espalda, relacionados con su estado avanzado de gestación.

Sostuvieron que no recibía la atención médica adecuada y que un traslado aéreo representaba un riesgo para su salud y la del bebé. Por ello, recurrieron a la vía judicial mediante una petición de habeas corpus y una demanda federal, con el objetivo de detener la deportación.
Sin embargo, la deportación se concretó el miércoles 21 de enero en un vuelo comercial. Buitrago Ortiz fue trasladada desde Louisiana hasta Atlanta, Georgia, y luego embarcada rumbo a Colombia, donde llegó por la noche y logró comunicarse con su madre.
En paralelo, la defensa impulsó una acción judicial urgente ante una corte federal en Georgia. La jueza de distrito Sarah E. Geraghty emitió una orden de suspensión para prolongar la permanencia de Buitrago Ortiz en Estados Unidos hasta enero de 2026, pero la decisión se conoció después de la salida de la joven del país y no pudo revertir la deportación.
“Si la peticionaria aún no ha salido de Estados Unidos, se prohíbe a los demandados deportar a Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026”, ordenó la jueza en su momento.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que no existían registros médicos previos que impidieran la expulsión y que se cumplió el protocolo para mujeres embarazadas bajo custodia, incluyendo exámenes médicos, visitas prenatales, atención de salud mental y apoyo nutricional antes del viaje. Las autoridades indicaron que Buitrago Ortiz abordó el vuelo de deportación sin incidentes.
Además, funcionarios estadounidenses sostienen que la joven sería presuntamente integrante del grupo criminal Tren de Aragua y mencionan antecedentes de ingreso ilegal reincidente al país.
La subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, aseguró que los casos de asilo pendientes no otorgan estatus legal en Estados Unidos y que a la ciudadana colombiana se le concedió la salida voluntaria tras agotarse su proceso.
“La política de ICE exige que toda persona programada para ser deportada sea sometida a un examen médico. Ortiz no fue la excepción y abordó con éxito su vuelo de deportación”, añadió Tricia McLaughlin.
El abogado Anthony Enriquez, del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, rechazó tajantemente cualquier vinculación criminal y enfatizó que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que respalden tales acusaciones.
Enriquez sostiene que, tras su llegada a Colombia, la prioridad es garantizar una atención médica adecuada para Buitrago Ortiz y su hijo, subrayando que la salud de ambos constituye la preocupación principal de la familia y el equipo legal.
“Ahora lo más importante es la salud de Daniela y su bebé, y estamos trabajando para asegurar que ella esté bien de salud y que su bebé esté seguro en este momento”, comentó el litigante en diálogo con CNN.
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