Asobancaria prende las alarmas por decreto que permitiría a empresas postales manejar dinero del público

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) expresó una fuerte preocupación frente al proyecto de decreto del Gobierno que busca ampliar las funciones de los operadores de servicios postales de pago.

El gremio considera que la iniciativa abre la puerta para que estas empresas realicen actividades propias del sistema financiero sin los mismos niveles de regulación, supervisión y protección para los usuarios.

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El gremio advirtió que, de aprobarse la norma en los términos actuales, se estarían creando riesgos relevantes para los ciudadanos y para la estabilidad del ecosistema de pagos en el país, al permitir la captación de recursos del público por parte de entidades que no son bancos ni están sometidas a las exigencias que rigen al sector financiero tradicional.

Preocupación por captación sin controles equivalentes

Según Asobancaria, el principal punto crítico del proyecto es que permitiría a los operadores postales de pago ofrecer “cuentas postales” en las que los usuarios podrían recibir, mantener y transferir dinero.

Aunque no se les denomine cuentas bancarias, el gremio sostiene que en la práctica cumplen una función muy similar: guardar recursos del público y facilitar pagos.

El problema, subraya la asociación, es que estos operadores no estarían bajo la supervisión directa de la Superintendencia Financiera de Colombia ni de la Superintendencia de Economía Solidaria. Esto, a su juicio, genera un vacío legal significativo, ya que se trataría de actividades financieras sin la vigilancia estricta que hoy se exige a los bancos y otras entidades autorizadas.

Asobancaria también alerta sobre un fenómeno conocido como “arbitraje regulatorio”. En términos simples, esto ocurre cuando distintos actores realizan actividades similares, pero con reglas muy diferentes.

En este caso, los bancos deben cumplir altos requerimientos de capital, estrictos sistemas de gestión de riesgos y controles robustos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mientras que los operadores postales tendrían obligaciones más laxas.

Riesgos directos para los usuarios y el sistema

Otro de los puntos que más inquieta al gremio bancario es el impacto directo sobre los ciudadanos. De acuerdo con Asobancaria, las cuentas postales que se habilitarían con el decreto no contarían con seguro de depósito, como el que protege los ahorros en el sistema financiero a través de mecanismos como Fogafín. Esto implica que, ante una eventual quiebra o problema operativo del operador postal, los usuarios podrían perder total o parcialmente sus recursos.

A esto se suma la preocupación por la gestión de riesgos. La asociación considera que, sin una supervisión adecuada, aumentan los riesgos de fallas operativas, problemas de liquidez y usos indebidos del sistema para actividades ilícitas. En ese escenario, el costo de un error no recaería sobre la entidad, sino directamente sobre los usuarios.

Asobancaria también señala posibles efectos negativos sobre el ecosistema de pagos del país. El Banco de la República ha advertido que la iniciativa podría fragmentar el sistema y afectar el desarrollo de los pagos inmediatos, en particular el avance de Bre-B. Según esta visión, la proliferación de esquemas paralelos podría incentivar el uso del efectivo y debilitar la confianza en los pagos digitales integrados.

Por estas razones, el gremio pidió al Gobierno abstenerse de expedir el decreto en su forma actual, al considerar que no resulta conveniente para el país.

Qué busca el decreto que impulsa el Gobierno

El proyecto de decreto, que modificaría el marco regulatorio del Decreto 1078 de 2015, tiene como objetivo ampliar el alcance de los servicios de los operadores postales de pago. La iniciativa pretende que estas empresas puedan ofrecer servicios de pago más completos, incluyendo giros, transferencias y la administración de saldos a través de cuentas postales.

Desde la perspectiva del Gobierno, la propuesta apunta a fortalecer la inclusión financiera, aprovechar la capilaridad de los operadores postales y facilitar el acceso a medios de pago digitales, especialmente en zonas donde la banca tradicional tiene menor presencia.

Sin embargo, el debate está abierto. Mientras el Ejecutivo destaca el potencial del decreto para ampliar el acceso a servicios financieros, Asobancaria insiste en que cualquier avance en esa dirección debe darse bajo reglas claras, con supervisión adecuada y con mecanismos de protección equivalentes a los del sistema financiero, para evitar que los riesgos terminen trasladándose a los ciudadanos.

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