Petro le respondió a Uribe tras informe de la Contraloría que avaló la legalidad del endeudamiento: “Su gobierno nos dejó sobreendeudados”

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a las críticas del expresidente Álvaro Uribe y de sectores de la oposición luego de que la Contraloría General de la República publicara un informe sobre las recientes operaciones financieras del Gobierno.

El organismo de control concluyó que las transacciones realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se ajustaron a la ley y al Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que llevó al mandatario a asegurar que se desmontó el discurso sobre un supuesto endeudamiento irresponsable.

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“Llenaron estas redes diciendo que habíamos endeudado irresponsablemente el país. Encuentran que la misma Contraloría dice lo que ya dijimos. El endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja”, escribió Petro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, cuestionó a la oposición y a sectores de la prensa por, según él, haber exagerado la situación fiscal y sembrado la idea de un caos financiero.

Tras la primera publicación, el presidente Petro añadió un nuevo mensaje dirigido directamente a Álvaro Uribe. En él, lo acusó de haber exagerado “erróneamente” los hechos sobre el endeudamiento de su gobierno y de ahora mostrarse preocupado por la deuda que deberá enfrentar la próxima administración.

“No se preocupó su gobierno con el nuestro y nos dejó sobreendeudados”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que su administración ha pagado las obligaciones heredadas.

En ese mismo mensaje, Petro trasladó el debate al tema de los ingresos del Estado. Señaló que el problema actual no es solo la deuda, sino la falta de recursos, y responsabilizó a la oposición de bloquear las reformas tributarias.

“Ya van dos leyes de financiamiento que usted ha ordenado hundir”, escribió, al tiempo que acusó a Uribe de oponerse a que los sectores más ricos paguen más impuestos. Según el presidente, ese enfoque termina favoreciendo impuestos regresivos que afectan principalmente a los más pobres, en referencia a lo que denominó “el impuesto a lo Carrasquilla”.

Más allá del cruce político, el informe de la Contraloría analizó en detalle las operaciones financieras realizadas por el Gobierno para enfrentar problemas de liquidez a finales de 2025.

El organismo confirmó que una parte central de estas maniobras consistió en la compraventa de títulos de deuda ya existentes, lo que significa que no se creó nueva deuda en esas transacciones específicas.

Uno de los puntos que más debate generó fue la venta extraordinaria de TES B por $23,24 billones, concretada en diciembre de 2025 con un único comprador extranjero, la firma Pacific Investment Management Company (Pimco).

La operación se pactó a una tasa de interés del 13,5 %, un nivel que despertó fuertes críticas desde la oposición. Sin embargo, la Contraloría aclaró que se trató de una operación excepcional, motivada por la urgencia de liquidez del Gobierno y debidamente autorizada.

El informe señala que lo habitual habría sido acudir a varios inversionistas mediante colocaciones sucesivas, pero que la venta directa permitió transmitir un mensaje de confianza a los mercados y mostrar solidez en la posición de liquidez del Estado.

Además, el ente de control precisó que los títulos vendidos ya existían y tenían cupones previamente definidos, por lo que la operación no implicó un aumento del endeudamiento total.

Como resultado de estas transacciones, el Gobierno recibió cerca de USD 5.000 millones del exterior, que se mantendrán temporalmente fuera del país y serán monetizados de manera gradual.

Otros $3,87 billones ingresaron a los depósitos locales de la Nación. La Contraloría advirtió que el bajo nivel de estos depósitos fue una constante durante 2025, debido a elevados pagos presupuestales y a un menor dinamismo en el recaudo tributario.

Pese a validar la legalidad de las operaciones, el organismo lanzó varias alertas de mediano plazo. Una de las principales es la concentración de vencimientos de deuda hacia 2029, cuando el país deberá enfrentar pagos por amortizaciones que superarían los $89,6 billones.

Esta situación, según la Contraloría, exigirá una gestión más estricta del Ministerio de Hacienda y reducirá el margen fiscal.

Otro factor de preocupación es la rigidez del presupuesto nacional. El informe estimó que la inflexibilidad presupuestal ronda el 93%, lo que limita seriamente la posibilidad de ampliar el gasto o la inversión social.

Aunque la deuda del Gobierno Nacional pasó del 59,3 % al 57,8 % del PIB entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, mantener esta tendencia dependerá de un mayor crecimiento económico y de tasas de interés más bajas.

A comienzos de 2026, el Gobierno acudió nuevamente al financiamiento externo con una emisión de bonos globales por USD 4.950 millones, lo que sí representa endeudamiento adicional.

No obstante, la Contraloría aclaró que esta operación fue autorizada por el Congreso y no superó el cupo de endeudamiento aprobado, por lo que también se ajustó a las normas fiscales.