Ecopetrol enfrenta controversia por aumento de contrato con Covington & Burling: será problema de la nueva junta directiva

Ecopetrol enfrenta un escándalo por el contrato millonario firmado con la firma estadounidense Covington & Burling, cuyo valor se incrementó de 875 mil dólares a USD 5.8 millones sin la autorización formal de la junta directiva.

A la fecha del 22 de enero de 2026, esos 875 mil dólares equivalen aproximadamente a 3.222 millones de pesos colombianos ($3.222.062.500). 5.8 millones de dólares son cerca de $21.364 millones.

El acuerdo tenía como finalidad proporcionar asesoría legal enfocada en anticipar riesgos ante investigaciones y señalamientos que involucran a Ricardo Roa, presidente de la petrolera.

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El objeto inicial del contrato era evaluar los riesgos legales en Estados Unidos, especialmente relacionados con pesquisas sobre la adquisición de propiedades por parte de Roa y su papel en la campaña Petro Presidente. Posteriormente, la asesoría se amplió a otros procesos en Colombia y el exterior, siempre en torno a posibles implicaciones para la empresa.

La decisión de aumentar el valor del contrato sin aval de la junta directiva encendió las alarmas sobre la transparencia y control de los recursos públicos. El Tiempo, en sus investigaciones de mayo del 2025 detalló que la medida generó preocupación interna e impulsó advertencias y controles de organismos como la Contraloría General.

En diciembre del 2025, Ecopetrol prorrogó el plazo contractual con Covington & Burling por 120 días.

Sin embargo, la continuación del acuerdo quedó condicionada a la resolución de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General. Dichos procesos involucran a los miembros de junta Guillermo García Realpe, quien ya renunció, y Álvaro Torres, próximo a dejar su cargo.

La junta, ante las dudas sobre el alcance del contrato y la solicitud de equipos a Roa, ordenó una suspensión cuyas consecuencias aún afectan la gestión interna.

La auditoría de la Contraloría General señala que la junta directiva no tenía facultad para suspender el contrato bajo los argumentos presentados. El informe advierte que detener las actividades afectó la ejecución del cronograma aprobado y limitó la capacidad de Ecopetrol para anticipar riesgos legales y de reputación ante autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia.

El reporte advierte que la suspensión del contrato representa un riesgo “millonario” de detrimento patrimonial, ya que se han pagado USD 1.592 millones, (aproximadamente 5.86 billones) sin la garantía de cumplir los objetivos pactados. El documento identifica posibles hallazgos disciplinarios, así como fallas en los controles internos de la empresa estatal.

La situación también ha traído consecuencias personales. El oficial de cumplimiento, Alberto Vergara, presentó su renuncia tras la polémica interna y la presión por la investigación.

Además, García Realpe dejó su puesto en la junta y Torres enfrenta un proceso de salida en medio de las investigaciones disciplinarias.

En respuesta a las observaciones de la Contraloría, Ecopetrol sostiene que la existencia de responsabilidad requiere la verificación de un “daño cierto”, no uno hipotético.

La empresa aseguró que los pagos realizados corresponden a actividades ejecutadas y que el contrato sigue vigente, por lo que, según la Contraloría en diálogos con el medio mencionado, “no existiría certeza del daño ni fundamento para la configuración de responsabilidad fiscal”.

No obstante, la Contraloría sostiene que persiste el riesgo de un daño patrimonial mientras el contrato no se ejecute totalmente o se resuelvan los hallazgos señalados.

El futuro del contrato permanece incierto. La Procuraduría General mantiene abierta la indagación sobre el manejo del acuerdo y ha solicitado más información a Ecopetrol. Mientras tanto, el vínculo con Covington & Burling sigue vigente, pero suspendido, a la espera de que los organismos de control definan la legalidad de las decisiones adoptadas.

Los fondos ya destinados a la asesoría legal enfrentan incertidumbre porque las actividades previstas no se han terminado, lo que puede poner en cuestión la recuperación de esa inversión para la empresa estatal.