Defensa de la familia de Valeria Afanador solicitó imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio por negligencia

El caso de Valeria Afanador, cuyo cadáver fue hallado cerca del colegio al que asistía el 29 de agosto de 2025, 18 días después de su desaparición, derivó en una acusación formal contra la directiva y dos docentes del plantel del Gimnasio Campestre Los Laureles.

La familia de la menor, desde el principio, insistió en la hipótesis de homicidio y ahora, transcurridos cuatro meses del suceso, la representación de víctimas solicitó que se imputen cargos por homicidio agravado a la rectora del colegio y a dos profesores, a quienes consideran responsables del desenlace.

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En la petición presentada por la defensa de las víctimas, encabezada por el abogado Julián Quintana, se subraya que existen varios elementos de prueba que relacionan a los señalados con el caso. El documento señala expresamente que la rectora, Sonia Ochoa, “en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”, según la solicitud de imputación recogida por la defensa.

Para los representantes de la familia, tanto la rectora como los docentes tenían la obligación de proteger a la menor, y su inacción habría facilitado el fatal desenlace. El abogado Quintana declaró que “la tesis es sencilla y estricta en su juridicidad: quien asume la protección de un bien jurídico o la administración de una fuente de riesgo —en especial cuando de niños se trata—”.

La responsabilidad de los docentes se detalla en la solicitud: en el caso de Emely Viviana Fuentes Hernández, se indica que incumplió sus funciones de vigilancia y control, permitiendo que Valeria saliera del aula sin activar de manera oportuna los mecanismos de protección requeridos. El documento precisa que Diego Orlando Pinzón Perilla “advirtió una situación anómala —la presencia de la menor fuera de su salón en horario no autorizado—”.

En el análisis de los representantes de las víctimas, la responsabilidad de estos funcionarios fue determinante. “En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal”, afirma la solicitud de imputación. Este proceso busca que la Fiscalía General de la Nación avance en la investigación y determine el papel que desempeñaron la rectora del colegio y los docentes bajo los parámetros de la hipótesis de homicidio.

Tras radicar la solicitud de imputación de cargos, el togado Quintana publicó un video en el que sostuvo que espera que las autoridades actúen en contra de los acusados.

“Después de verificados todos los elementos probatorios que reposan en la carpeta de la Fiscalía, le hemos solicitado a través de un memorial donde estructuramos perfectamente la imputación de cargos de la rectora del colegio y dos profesores por homicidio agravado en modalidad dolosa. Esperamos que más temprano que tarde la Fiscalía radique audiencias de imputación en contra de estas personas”, expuso.

Cabe recordar que Quintana denunció retrasos e inconsistencias en la investigación. Según explicó a Citytv, el acceso al expediente permitió constatar que “muchas de las labores de investigación, hasta el día de hoy, no se han concluido”. El jurista subrayó que, pese a que se confirmó que la menor fue “lamentablemente asesinada”, persisten las incógnitas sobre la identidad del responsable y el contexto en que ocurrieron los hechos.

“Hoy ni siquiera sabemos las circunstancias exactas de cómo Valeria fue sustraída del colegio”, afirmó el abogado, resaltando la falta de claridad en aspectos fundamentales del caso.

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