Un grupo de funcionarios públicos y títulos académicos quedaron en el centro de una investigación que involucra a la Fundación de Educación Superior San José.
Entre los hechos más llamativos, la congresista Jénnifer Pedraza difundió documentos que muestran cómo Juliana Guerrero, candidata del presidente Gustavo Petro al viceministerio de Juventudes, abonó 7,7 millones de pesos en derechos de grado y matrícula después de obtener títulos en contaduría pública y tecnología en gestión contable y tributaria.
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Pedraza destacó que estos pagos se realizaron pese a que la validez de los títulos ya estaba en entredicho.
La representante Catherine Juvinao reveló que el fenómeno de los llamados graduados exprés no es aislado. En sus palabras, al menos 16 entidades estatales actualmente cuentan con personas que obtuvieron hasta cuatro diplomas diferentes en un solo día, todos expedidos por la San José.
El denominador común entre los involucrados es la presentación de una sola prueba Saber Pro para certificar competencias en múltiples programas académicos. Esta práctica ha despertado inquietud sobre los procedimientos internos de la institución y el posible impacto sobre la calidad educativa.
El Ministerio de Educación inició una indagación formal tras detectar prácticas irregulares en la expedición de diplomas. Aunque la institución aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias, un asesor confirmó que la propia universidad notificó a la Fiscalía sobre las anomalías en el caso de Juliana Guerrero desde 2025.
Sobre las facturas
La Fundación de Educación Superior San José tomó la decisión de anular los títulos de una estudiante, tras detectar que no cumplió con los requisitos académicos y legales exigidos para graduarse.
El documento enviado a la Fiscalía expone que la medida fue adoptada luego de revisar el caso de Guerrero y constatar la falta de pruebas estatales obligatorias en el expediente.
En el oficio, el Consejo Académico dejó constancia: “El Consejo Académico, en sesión ordinaria debidamente registrada en acta, recomendó la anulación de los títulos otorgados a la mencionada estudiante, por incumplimiento de los requisitos académicos y legales establecidos para la obtención del título profesional y tecnológico, preservando la legalidad, trazabilidad y la integridad académica institucional”, según consta en el texto revelado por el diario El Tiempo.
La Fundación destacó que sus directivos no participaron ni tuvieron conocimiento del proceso irregular, al precisar: “La Fundación de Educación Superior San José, su Rectoría, Vicerrectoría General y Representante Legal, no tuvieron participación, conocimiento ni acceso a las actuaciones irregulares que dieron origen a este proceso”.
Además, la institución afirmó que ya se implementaron acciones para evitar que estos hechos se repitan. El mismo documento concluye que la universidad “ha adoptado medidas correctivas y preventivas para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a presentarse”, según el testimonio consignado ante la Fiscalía.
Sobre los grados exprés
La representante Catherine Juvinao de la Alianza Verde denunció la existencia de 24 diplomas irregulares expedidos por la Fundación San José. Según la congresista, estos documentos permiten que funcionarios y contratistas ocupen cargos en 16 entidades nacionales bajo el actual gobierno de Gustavo Petro.
Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un funcionario de la Dian que, según se reportó, obtuvo cuatro títulos universitarios el mismo día. Aunque la representante evitó revelar el nombre, El Tiempo identificó al implicado como Héctor Julio García Orduz, quien había aspirado al Concejo de Sogamoso por el Partido Conservador en 2019.
García relató al diario mencionado que la Fundación San José le permitió cursar varias carreras a la vez. “El 60% de la malla curricular de las carreras coincidía y la misma San José me dio la oportunidad de cursarlas en simultáneo”, aseguró el funcionario.
García también describió cómo fue el trámite para la obtención de sus títulos. “Asistí a una reunión de la universidad en donde consulté si necesitaba presentar más pruebas, pero me dijeron que no había ningún inconveniente”, afirmó al diario.
El funcionario rechazó categóricamente las acusaciones de Juvinao, y calificó las sospechas sobre la calidad académica de la Fundación San José como una estrategia política. “Es como si fuese un delito estudiar. Esos señalamientos son para buscar réditos políticos”, insistió.
Desde la Fundación San José, un asesor explicó al mismo medio que, en efecto, “la malla de materias de las profesiones en las que se graduaron son similares en cerca de un 70%”. Agregó que, en ciertos casos, “a algunos se les homologaron estudios de otras universidades”.
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