
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el proceso por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ha provocado nuevas interrogantes y reacciones intensas en la opinión pública y en la familia de la víctima.
La viuda del senador, María Claudia Tarazona, detalló en diálogo con La FM las consecuencias personales y colectivas de estos giros procesales: “Cuatro horas después nos informan que se echó para atrás y hubo un reversazo en esa decisión. Y pues aquí está en juego las emociones de una familia que ha sufrido inmensamente con una pérdida absolutamente irreparable”.
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La incertidumbre se vio agravada por la rapidez con la que la fiscal Elsa Reyes había oficializado la imputación por presunto prevaricato por omisión, solo para que la Fiscalía revocara la medida poco después.
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María Claudia enfatizó la dimensión emocional de estos procedimientos: “Por supuesto, pues es un golpe duro, y parte de buscar un poco de tranquilidad y de paz en todo lo que ha sucedido es que haya justicia, ¿no? Yo creo que eso le da a uno la tranquilidad, por lo menos, de que no queda impune el delito de Miguel y, por supuesto, que sea un hecho que no se vaya a volver a repetir”, explicó.

Sobre el avance de las investigaciones, Tarazona reconoció los esfuerzos realizados hasta el momento. “Nosotros tenemos en este momento siete personas capturadas, creo que se hizo en tiempo récord. Pocas veces se ha visto en Colombia un trabajo tan coordinado y con tanta celeridad. Por supuesto, no es suficiente. Quienes están capturados hoy no son los determinadores del homicidio de Miguel, del magnicidio de Miguel. Ellos no son los determinadores”, subrayó.
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En ese sentido, la contundencia de los resultados operativos hasta el momento no logra disipar la inquietud por la falta de claridad respecto a los verdaderos responsables intelectuales.

La decisión de revertir la imputación de cargos sobre Rodríguez Ballesteros, funcionario próximo al presidente Gustavo Petro, introdujo nuevas dudas sobre la línea de investigación y la posibilidad de una eventual responsabilidad estatal.
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La esposa del también precandidato presidencial, explicó que “La línea investigativa y la recopilación de pruebas son pendientes a que hubo una presunta participación por omisión por parte del director de la UNP, cuando nosotros tenemos más de veinticinco solicitudes, de aumento de la protección, donde Miguel claramente estableció quiénes podían ser las posibles personas que atentaran contra su vida, porque eso está establecido”.
La respuesta institucional ante estas solicitudes fue, según Tarazona, persistente e insuficiente. “La respuesta del director de la UNP fue constantemente negativa. Y además, no se nos olvide, pues Miguel estaba recorriendo el país, iba absolutamente a todas las regiones y nunca hubo apoyo por parte de la UNP porque era una constante negativa para garantizar su protección y su vida”, puntualizó la viuda en diálogo con el medio de comunicación.
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Para Tarazona, la confianza en la labor de la fiscalía es esencial, aunque el debate sobre las competencias y las decisiones procesales abiertas permanezca. “Yo tengo la absoluta confianza que la Fiscalía va a seguir con su labor de imputar cargos por la presunta participación, por omisión, digamos, del señor Augusto en el magnicidio de Miguel”, expresó María Claudia Tarazona a La FM.
Por el momento, las autoridades han logrado concretar 7 capturas de los implicados en el magnicidio del representante del Centro Democrático, y continúan el proceso de investigación para poder determinar al autor intelectual del desafortunado suceso.
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