La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) envió una dura comunicación al presidente Gustavo Petro en la que denuncia una serie de hechos que, según el sindicato, comprometen gravemente la transparencia, la moralidad administrativa y la credibilidad institucional de Migración Colombia.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento aborda presuntos casos de nepotismo y conflictos de interés. El sindicato indica que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia de la República la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante al cargo de asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien, según OSEMCO, es cónyuge de la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.
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Asimismo, el comunicado afirma que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez Pinzón, es el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, una situación que, a juicio del sindicato, afecta la imparcialidad y la cadena de mando dentro de la entidad.
Para OSEMCO, estos vínculos interfieren directamente en la toma objetiva de decisiones y constituyen un “absurdo administrativo” que limita la capacidad real de dirección.
El sindicato también denuncia que durante 2025 la directora general habría otorgado un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de su hija, hecho que, según indican, fue verificado mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). En el comunicado se afirma que no existiría evidencia de gestión real ni de presencia efectiva en la entidad por parte del contratista.
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Señalamientos por abuso de poder y decisiones administrativas
Otro de los aspectos denunciados es el supuesto ejercicio desmedido de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, según OSEMCO, tendría en la práctica mayor autoridad que la propia directora nacional.
El sindicato describe un ambiente interno de temor que impediría cualquier contradicción y menciona intentos de realizar cambios administrativos en plena temporada de alto flujo migratorio, a finales de diciembre, sin una intervención efectiva de la dirección debido a los presuntos conflictos de interés.
OSEMCO asegura que estas decisiones buscaban generar un impacto negativo en el Gobierno Nacional y advierte que la organización sindical manifestó oportunamente lo inconveniente y riesgoso de adoptar medidas de ese tipo en dichas fechas.
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Crisis financiera y llamado al presidente Petro
El comunicado también expone una presunta crisis financiera en Migración Colombia. El sindicato señala enfrentamientos internos en el nivel directivo, una gestión que califica de deficiente y la desfinanciación de procesos misionales para cubrir gastos básicos.
Además, cuestiona los viajes frecuentes de la directora por todo el país con viáticos completos, sin que, según el documento, existan resultados, informes o gestiones que los respalden.
Por ello, solicita al presidente Gustavo Petro la intervención urgente de su despacho y de las autoridades competentes, así como la renuncia de todos los actores involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, para restablecer la legalidad, la ética administrativa y la credibilidad institucional en Migración Colombia.
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En el documento, la organización rechaza de manera “categórica, expresa y contundente” actuaciones atribuidas a la administración encabezada por la directora nacional de la entidad, Gloria Arriero, y solicita acciones correctivas inmediatas, incluida la renuncia de los actores involucrados.
De acuerdo con el comunicado, las situaciones expuestas han generado un daño profundo a la confianza pública y a la dignidad de los funcionarios de Migración Colombia, afectando además el funcionamiento misional de la entidad.
El sindicato dice que los hechos ya fueron verificados por el sindicato a través de plataformas oficiales y que no guardará silencio frente a lo que considera una crisis institucional.
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Finalmente, OSEMCO concluye que se habría consolidado una práctica sistemática de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses, anteponiendo intereses personales al bienestar de más de 1.800 familias.
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