La Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que prepara acciones jurídicas contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro que adoptó “medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.
Para los gobernadores, la nueva carga impositiva pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades territoriales, además de la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en las regiones del país.
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“Los gobernadores de Colombia, tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND), expresan de manera unificada su preocupación frente a reciente situaciones que ponen en riesgo la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país”, se lee en el comunicado.
Y puntualiza: “Los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional, para lo cual conformaron una comisión representativa, designando como voceros a las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y al presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta”.
Tras conocerse la postura de la FND, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, respaldó, en sus redes sociales, a los 17 gobernadores que planean no acatar las órdenes del Estado. Para la líder gremial, la preocupación de los mandatarios regionales es válida, por lo que consideró necesario que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto y se aclare la viabilidad del decreto.
“La preocupación de los gobernadores por las implicaciones fiscales de la emergencia económica en los departamentos es legítima y refuerza la necesidad de que la Corte Constitucional agilice el control de exequibilidad”, escribió Lacouture en su cuenta de X.
Según su análisis, la emergencia económica no está basada en un hecho fuera de lo común, sino que deriva de una condición pronosticable por el Estado colombiano. Además, dijo que la imposición de impuestos trae consigo dificultades para los departamentos y los ciudadanos.
“La “emergencia económica” no evidenciaría un hecho sobreviniente y excepcional, sino una situación estructural y previsible. La incertidumbre por nuevos impuestos puede afectar la gobernabilidad regional y, en últimas, a los ciudadanos”, advirtió.
Congresista pidió abrir investigación en contra de los 17 gobernadores que no aplicarán el decreto de emergencia económica
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación abrir investigaciones penales y disciplinarias contra los 17 gobernadores que se niegan a aplicar el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro.
En su opinión, los mandatarios departamentales que incumplan la normativa “podrían configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”, dijo en entrevista con Caracol Radio.
De paso, el representante a la Cámara indicó que el decreto pretende atender una grave crisis fiscal que afecta la financiación de sectores como salud, energía y atención de desastres. Por ende, Ocampo insistió en que “nadie está por encima de la ley” y solicitó a los entes de control actuar con rapidez.
En contraposición, la senadora María Fernanda Cabal expresó su “total apoyo a los 20 gobernadores que están usando la excepción de inconstitucionalidad contra el decretazo de emergencia económica”.
Y agregó en sus redes sociales que “el artículo 362 de la Constitución no puede ser vulnerado por un decreto de Petro, que no sacia su apetito por la plata. Quitarles recursos a los departamentos como lo pretenden es inconstitucional”.
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