Así opera el frente 36 de las disidencias, el grupo detrás del supuesto ataque con drones contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia en Hidroituango

El frente 36 de las disidencias de las Farc ha aumentado su actividad delictiva en el norte y nordeste de Antioquia, lo que ha generado desplazamientos forzados, extorsión y presuntas amenazas contra empresas como Hidroituango.

Esto llevó a la suspensión de una visita oficial del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia a la central hidroeléctrica, debido a presuntas amenazas contra Federico Gutiérrez y Andrés Rendón, respectivamente. No obstante, el comandante del Ejército, general Roger Gómez, aseguró que nunca se emitió una alerta por posibles atentados.

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Pese a lo antes mencionado, es una realidad que esta organización criminal ha extendido su presencia hasta Medellín, donde presuntamente, según datos del medio citado, ha formado grupos de milicianos y llevado a cabo ataques contra infraestructuras energéticas, según varias entrevistas de Semana a ciudadanos de a pie, Ejército Nacional y algunas fuentes anonimas.

“No nos dieron tiempo de nada, nos mandaron un mensaje por el grupo de la junta, nos notificaron que teníamos que salir, para dejar la zona destapada para que no le pasara nada al campesino, porque se iban a enfrentar entre ellos mismos”, afirmó Óscar Egidio Muñoz Martínez, un labriego en diálogos con el mencionado medio.

El frente 36 opera en municipios como Briceño, Amalfi y Anorí. Allí, promueve enfrentamientos armados, extorsiona a mineros y ganaderos, y provoca el desplazamiento forzado de campesinos.

Su forma de actuar incluye exigir pagos llamados “arancel” a los mineros del río Cauca y en las minas de Espíritu Santo y Berlín, además de imponer sanciones por incumplimiento. Esto le permite aumentar sus ingresos ilegales mediante cobros a comerciantes y presión directa a empresas de servicios públicos.

El frente 36 se basa en el control territorial, la intimidación y la extorsión. Impone cobros sistemáticos a la minería y a comerciantes. Desplaza comunidades rurales y amenaza a empresas clave como EPM e Hidroituango. Esto afecta tanto la economía regional como la seguridad de la población antioqueña.

La dirección de la organización recae en Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, quien es identificado como el líder principal y está señalado por el ataque en el que murieron 13 policías en Amalfi. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha ofrecido hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura, detalló Semana.

El mando incluye a alias Pablo Toli y alias Guaricho, conocido por difundir rumores sobre su posible muerte para evadir a las autoridades. Alias Calarcá ha sido señalado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como responsable de asesinatos, incluidas masacres en la región.

También está “Primo Gay”, un cabecilla de 23 años que es conocido como ‘influencer’ por mostrar, en redes sociales, bienes adquiridos ilícitamente y por ser un enlace para la organización.

El control del frente 36 se refleja en desplazamientos forzados que afectaron a 2.156 campesinos en octubre. A través de mensajes enviados por líderes comunitarios, el grupo obligó a familias de Briceño a abandonar sus hogares para facilitar enfrentamientos armados con el Clan del Golfo y el frente 18 (Los cabuyos), según Semana.

Las víctimas relataron que dejaron atrás sus pertenencias para refugiarse en albergues improvisados como escuelas, parques o sótanos, por órdenes directas del grupo armado.

El control también se refuerza mediante marcas en fachadas, la imposición de normas internas y la compra de vehículos y armamento con el dinero de la extorsión.

Sobre las marcas, serían graffitis color negro diciendo “Farc-EP Frente 36″.

La principal fuente de ingresos del frente 36 es la extorsión. Según Semana, exige a los mineros, tanto formales como ilegales, el diez por ciento del oro extraído y un ‘seguro’ de $4.000 por turno. También impone multas por incumplimiento. Esta misma dinámica se aplica a ganaderos y pequeños comerciantes, quienes son presionados a entregar parte de sus ingresos bajo amenaza.

La infraestructura energética, como Empresas Públicas de Medellín (EPM), es un blanco constante de amenazas y ataques a torres eléctricas. El grupo busca forzar el pago de aranceles mediante infiltrados, videos intimidatorios de instalaciones y colocando explosivos en carreteras hacia Hidroituango, según lo reportado por Semana.

La actividad del frente 36 ha provocado respuestas de diversas autoridades. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció la presencia de células armadas en la ciudad, a cerca de 180 kilómetros de la zona más afectada.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón advirtió sobre el peligro de los cabecillas. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó reactivar la orden de captura contra alias Calarcá, mientras que Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por información para su detención.

El ministro de Defensa destacó la disposición del estado para enfrentar al grupo criminal y pidió colaboración ciudadana, especialmente para proteger la infraestructura energética y a los desplazados. Semana señala que las denuncias y datos recogidos han sido valiosos para entender la magnitud del problema y la necesidad urgente de una estrategia conjunta.