El miércoles 14 de enero de 2026 se confirmó que el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín compulsó copias y formuló denuncia penal contra el entonces director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria.
¿El motivo? Autorizar la salida de nueve cabecillas condenados para asistir al acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro en Medellín el sábado 21 de junio de 2025, en un acto que generó reacciones a favor y en contra por parte del país político, y entre simpatizantes a favor del Jefe de Estado y sus opositores.
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Según el juzgado, la expedición de la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, que permitió el traslado de Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, “se efectuó sin el aval de un juez, es decir, sin autorización judicial”, reza en el documento judicial que reveló la unidad investigativa del diario El Tiempo.
Esta acción fue calificada como ilegal y motivó la apertura de un proceso penal contra el funcionario por los delitos de fuga de presos y falsedad en documento público.
El traslado y escolta de los cabecillas, miembros de la mesa de paz urbana de Medellín, fue solicitado por la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta, representante del gobierno Petro en la delegación de paz urbana en el Valle de Aburrá.
En su oficio, Zuleta especificó los horarios de salida y retorno al penal de los condenados.
Ya en el evento que se conoció como el ‘Tarimazo’, los nueve cabecillas condenados por delitos graves acompañaron al presidente Petro en la plazoleta de La Alpujarra, y también dirigieron mensajes al público.
Al respecto, el juzgado señaló en su pronunciamiento: “La expedición del documento que permitió la salida de los nueve cabecillas del penal fue ilegal”.
En el mismo sentido, el juzgado compulsó copias contra Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, sentenciado a 36 años de prisión por homicidio agravado, por su participación en los hechos.
La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, conocida como ‘La dama de hierro’ fue quien informó sobre la decisión del juzgado y el inicio del proceso judicial contra el funcionario penitenciario.
El caso ha generado controversia nacional y ha derivado en investigaciones adicionales sobre la actuación de funcionarios y representantes del gobierno en el marco del acto público.
A través de un oficio dirigido al director de custodia de La Paz, Zuleta solicitó el traslado de los condenados, detallando los tiempos de salida y retorno al penal.
Los reclusos fueron escoltados por miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y estuvieron acompañados por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, así como por la propia senadora.
La salida de los cabecillas de la prisión para asistir a un acto público generó una fuerte reacción, tanto en el ámbito político como social.
Durante el evento, los nueve líderes criminales, entre ellos:
- Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom.
- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo.
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas.
- Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre.
- Walter Alonso Román, alias El Tigre.
- Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio.
- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa.
- Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa.
Los procesados subieron al escenario para acompañar al presidente Petro y pronunciaron discursos ante los asistentes.
“Se abrió un nuevo proceso contra uno de los protagonistas subrepticios de este suceso”, señaló Carrasquilla desde su cuenta de X, y además destacó que la resolución judicial pone en evidencia irregularidades en los procedimientos administrativos y penitenciarios que permitieron la salida de los cabecillas de la cárcel de Itagüí.
A raíz de la controversia, también se han abierto procesos contra la senadora Zuleta y el presidente Petro, señalados por promover y facilitar la presencia de personas condenadas por delitos graves en un evento de carácter público.
El juzgado dejó en claro la importancia de que cualquier traslado de reclusos se realice con estricto apego a los procedimientos legales establecidos, y más aún cuando se trata de personas vinculadas a estructuras criminales de alto impacto.
El proceso penal contra el director de custodia de la cárcel de Itagüí continúa en desarrollo, mientras las autoridades buscan esclarecer todas las responsabilidades derivadas del llamado ‘Tarimazo’.
“La justicia nos va dando la razón: El tarimazo con los cabecillas de Itagüí fue ilegal”, sentenció la concejal Carrasquilla.
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