Ministra de Transporte desmintió al alcalde Galán y cuestionó que el salario mínimo justifique el aumento del pasaje de Transmilenio

La discusión entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá por el aumento en la tarifa del transporte público volvió a intensificarse, luego de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondiera a los señalamientos del alcalde Carlos Fernando Galán, quien responsabilizó al incremento del salario mínimo del alza del pasaje en el sistema TransMilenio, el SITP y TransMiCable.

Desde el pasado 14 de enero, el pasaje unificado en Bogotá pasó a costar 3.550 pesos, lo que representa un aumento cercano al 10% frente a la tarifa vigente en 2025.

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La decisión ha generado críticas desde el Ejecutivo y abrió un nuevo capítulo de tensiones entre el Distrito y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en un intercambio que ya completa varias semanas y que ha ido escalando en el tono político.

El argumento de Galán: el salario mínimo y sus “consecuencias inevitables”

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió el incremento tarifario señalando que el aumento del salario mínimo en un 23% tiene un impacto directo sobre el sistema de transporte de Bogotá, uno de los más grandes del país.

Según el mandatario distrital, el sistema cuenta con alrededor de 35.000 trabajadores y cerca del 87% de ellos tendría su remuneración directamente relacionada con el salario mínimo.

“No se puede subir el salario mínimo y mirar para otro lado”, afirmó Galán, al advertir que el Gobierno nacional debe asumir las consecuencias de una decisión que, en su criterio, afecta de manera especial a los sectores intensivos en mano de obra. El alcalde aseguró que, aunque el Distrito está dispuesto a dialogar, es “inevitable” que una medida de ese calibre termine reflejándose en la tarifa del transporte público.

La respuesta de la ministra: “No el 87%, sino el 34,5%”

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió directamente a Galán y puso en duda uno de los principales pilares de su argumento. A través de la red social X, la funcionaria aseguró que, de los 35.000 trabajadores del transporte público en Bogotá, solo 12.000 devengan el salario mínimo, es decir, el 34,5% del total.

“No el 87% que dice el alcalde”, subrayó Rojas, al señalar que por esa razón es necesario revisar con mayor precisión el impacto real del aumento del salario mínimo dentro de la estructura de costos del sistema. Para la ministra, atribuir el incremento tarifario casi exclusivamente a esa variable resulta impreciso y puede distorsionar el debate público.

Rojas también indicó que existe disposición por parte del Gobierno nacional para una conversación de fondo con el Distrito. Según explicó, los equipos técnicos del Ministerio de Transporte y de la Alcaldía de Bogotá ya sostuvieron reuniones y desde la cartera se solicitó información detallada para analizar los distintos factores que inciden en los costos operativos del sistema.

La respuesta de la ministra se interpreta como un intento por bajar el tono político y trasladar la discusión al terreno técnico, en momentos en que el tema del transporte público se ha convertido en un nuevo foco de fricción entre la Nación y el Distrito.

Petro entra al debate y cuestiona el aumento del pasaje

El pronunciamiento de Rojas se suma a las críticas que ya había hecho el presidente Gustavo Petro frente al aumento del pasaje en Bogotá. El jefe de Estado calificó la decisión como “innecesaria y contraproducente”, al considerar que desincentiva el uso del transporte público y puede agravar el déficit financiero del sistema.

Petro sostuvo que el alza del salario mínimo no justifica el incremento de la tarifa y llegó a señalar que la medida constituye una “estafa” para los ciudadanos. Además, aseguró que el Gobierno nacional dispone de 1,5 billones de pesos para la modernización de la flota con buses eléctricos, una estrategia que, según él, permitiría reducir costos operativos y mantener la tarifa en 3.200 pesos.

Mientras tanto, desde la Alcaldía se insiste en que el aumento aplicado es menor al que arrojaban los cálculos técnicos y que se buscaron eficiencias y recursos no tarifarios para contener el impacto en el bolsillo de los usuarios.