La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de aumentar el salario mínimo en Colombia en un 23% situó a la actual administración en el centro de una controversia por el aumento del gasto de empresarios para pagar a sus trabajadores un sueldo de $2.000.000.
Sectores gremiales y expertos advierten que más de 700 mil empleos podrían estar en riesgo, y que las consecuencias económicas del ajuste salarial se manifestarán de manera progresiva en los próximos meses.
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Desde el sector empresarial, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) lidera las advertencias sobre los efectos del incremento. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, anticipó en declaraciones a Semana que el impacto se percibirá “poco a poco” y cada vez puede ser mayor, señalando que la economía colombiana enfrenta dificultades para absorber este tipo de ajustes.
En efecto, estimó que “pueden llegar a ser más de 700 mil los puestos de trabajo que hoy en día están en riesgo por esta cuestión”. Y explicó que tanto la eliminación de empleos como el tránsito a la informalidad serían efectos directos de la medida: “Algunos se irán a la calle y otros a la informalidad”.
El análisis de Cabal no se limita al panorama inmediato. Aludiendo a la estrategia política detrás de la decisión, afirmó que el presidente Petro busca congraciarse con la base trabajadora en un año electoral, aunque a mediano y largo plazo los resultados serían negativos: “Hoy pueden estar felices por el momento, pero lamentablemente el impacto se va a ir viendo a mediano y largo plazo, cuando ya muchas empresas no puedan resistir”.
Cabal también advirtió sobre el efecto combinado del ajuste salarial y la reciente reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Para el dirigente empresarial, este doble impacto incrementará los costos operativos de las pequeñas, medianas y grandes empresas, arrinconándolas entre dos alternativas: “Aumentar el precio de los productos o despedir trabajadores”.
En relación con el futuro inmediato, Fenalco inició una investigación para determinar las acciones que adoptarán las empresas en respuesta al decreto presidencial de Gustavo Petro. Cabal anticipó que el país experimentará “una cascada de alzas”, y alertó sobre la imposibilidad de ocultar sus consecuencias: “No se puede tapar el sol con las manos (...) todo va a ser una cascada de alzas”.
Bajo la misma línea, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, coincidió en su diagnóstico y calificó la medida como improvisada: “La medida fue chambonamente diseñada”, declaró al medio citado. A propósito, subrayó que ciertos sectores ya han registrado aumentos de precios tras la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo, razón que, a su juicio, debería preocupar al Gobierno nacional.
Fenalco demandó el decreto de aumento del salario mínimo de 2026
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Colombia presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el año 2026 con un incremento del 23,7%.
Según Fenalco, la decisión adoptada por el Ejecutivo desconoce el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, el Gobierno sustituyó de manera arbitraria las variables obligatorias establecidas en la ley (inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y participación de los salarios en el ingreso nacional) por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
“El decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar criterios no contemplados en la ley y desconocer las variables técnicas que obligatoriamente deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo”, señaló el líder gremial.
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