Capitales y departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica de Petro: “Elude los límites democráticos”

El 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.

La controversia incluye el rechazo de los gobernadores departamentales, que se negaron a acatar una resolución relacionada con el cobro del impuesto al consumo (impuesto sobre licores y tabacos) surgida tras la declaración de emergencia. Según sus argumentos, la normativa podría deteriorar las finanzas de las regiones, ya que tocaría directamente impuestos clave para los ingresos locales.

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El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, envió un documento de 11 páginas al despacho del magistrado Carlos Camargo, relator de este proceso en la Corte Constitucional. En la comunicación, solicitó la suspensión tanto del decreto que establece la emergencia económica como el que dicta medidas tributarias para financiar los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), necesarios para afrontar la situación citada como justificación por el Ejecutivo.

Santamaría, en la misiva, argumentó ante la Corte Constitucional que, según el auto 272 de 2023, la suspensión provisional de una norma solo procede de manera excepcional cuando existen disposiciones capaces de producir efectos irremediables o cuya intención sea evitar el control constitucional. Asocapitales sostuvo que “las motivaciones que sustentan el Decreto 1390 de 2025 son abiertamente inconstitucionales, toda vez que, como se ha señalado, se trata de situaciones estructurales y de deberes permanentes que el Estado no puede pretender solucionar desbordando los límites constitucionales establecidos para el ejercicio de poderes extraordinarios”.

La organización enfatizó ante la Corte la “ausencia absoluta” de hechos sobrevivientes en la argumentación del decreto emitido por el gobierno de Colombia. Según Asocapitales, el Ejecutivo recurrió al “estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir límites democráticos”.

Federación Nacional de Departamentos rechazó el decreto de emergencia económica

La Federación Nacional de Departamentos (FND) reveló que prepara acciones jurídicas contra el decreto de emergencia económica, que adoptó “medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

Para los gobernadores, la nueva carga impositiva pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades territoriales, además de la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país.

“Los gobernadores de Colombia, tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND), expresan de manera unificada su preocupación frente a reciente situaciones que ponen en riesgo la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país”.

Y agregó: “Los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional, para lo cual conformaron una comisión representativa, designando como voceros a las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y al presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta”.

Por lo tanto, exigieron respeto a la institucionalidad, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmara que los gobernadores estaban dando un mal ejemplo al país.