La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) encendió las alarmas frente al borrador de decreto publicado por el Ministerio de Vivienda que busca que el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) se fije exclusivamente en pesos colombianos desde las etapas iniciales de comercialización y que prohíbe su referencia al salario mínimo.
Para el gremio constructor, la iniciativa equivale a un control de precios que podría reducir la oferta de vivienda, generar inseguridad jurídica y dificultar el acceso de miles de familias a una vivienda formal.
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En un comunicado divulgado este 15 de enero, Camacol advirtió que la propuesta del Gobierno “introduce un control artificial de precios” y desconoce el marco legal vigente, que actualmente permite que el valor de la vivienda se exprese tanto en pesos como en salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smmlv), estableciendo que el precio definitivo es el que rige al momento de la escrituración.
“El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, señaló Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.
Según el dirigente gremial, la medida no solo tendría efectos económicos, sino también jurídicos, al modificar condiciones que han sido parte estructural del desarrollo de proyectos de vivienda social durante décadas.
“Un control de precios que pone en riesgo la oferta de vivienda”
Uno de los principales argumentos del gremio es que la vivienda no puede asimilarse a un bien de consumo inmediato. Herrera explicó que los proyectos VIS atraviesan procesos complejos de planeación, preventa, financiación, construcción y entrega, que pueden tardar entre cuatro y cinco años.
Durante ese periodo, los constructores enfrentan variaciones en los costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y cambios regulatorios, lo que obliga a realizar ajustes razonables en los precios futuros para garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos.
Camacol insistió en que fijar el precio de la VIS de manera rígida desde el inicio de la comercialización desconoce esta dinámica y podría desincentivar el desarrollo de nuevos proyectos. “El control de precios no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias”, advirtió el gremio.
El impacto del alza del salario mínimo en los costos de construcción
El pronunciamiento se produce en un contexto de fuerte presión sobre el sector constructor, tras el incremento del 23% del salario mínimo para 2026, uno de los más altos en los últimos años.
De acuerdo con Camacol, este aumento impacta de manera directa los costos de construcción, en una actividad altamente intensiva en mano de obra.
Según estimaciones del gremio, los costos de la nueva oferta de vivienda podrían incrementarse entre un 10% y un 15%, lo que, sumado a mayores tasas de interés y al encarecimiento de insumos, reduce los márgenes de los proyectos VIS.
Para Camacol, ignorar estas variables al momento de regular los precios podría afectar la viabilidad financiera de los desarrollos y profundizar la desaceleración del sector.
Subsidios, crédito y advertencia sobre efectos colaterales
Otro punto crítico señalado por Camacol es el impacto que tendría el decreto sobre la política pública de vivienda. El gremio advirtió que modificar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales de comercialización podría afectar el acceso de los hogares a subsidios otorgados por cajas de compensación y entidades territoriales, así como a créditos hipotecarios y tasas de interés preferenciales, que suelen definirse con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración.
Herrera recordó que Camacol ha mantenido una relación de trabajo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para aclarar los mecanismos de indexación de precios y precisó que, hasta ahora, la entidad no ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que se informe de manera clara y responsable al comprador sobre las condiciones y efectos de este esquema.
Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno para revisar el borrador de decreto desde un enfoque técnico y concertado, evitando la confrontación con el sector privado. “Nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia”, concluyó Herrera.
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