Cathy Juvinao acusa al Gobierno Petro de ceder el 70% de Colombia a grupos criminales: “Dicen que se hace”

La discusión sobre la soberanía nacional tomó fuerza en Colombia tras recientes declaraciones de la representante a la Cámara por Alianza Verde, Cathy Juvinao, quien puso en el centro del debate el control que grupos armados ilegales ejercen sobre amplias zonas del país.

Juvinao, a través de su cuenta oficial de X, cuestionó la situación actual y enfatizó que el Estado colombiano ha cedido soberanía a organizaciones criminales durante el gobierno de Gustavo Petro.

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En un mensaje publicado en la red social X, la representante señaló: “¿Ya podemos empezar a hablar de la soberanía que el Estado colombiano le ha cedido a los grupos armados ilegales durante este gobierno?”.

Según la militante de Alianza Verde, el Clan del Golfo, identificado como una estructura con raíces paramilitares, incrementó su presencia de 241 municipios en 2022 a 316 en 2024.

Por su parte, el Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las antiguas Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, habría pasado de operar en 119 municipios en 2022 a 209 en 2024.

Juvinao precisó: “El Clan del Golfo pasó de tener presencia en 241 municipios en 2022 a trescientos dieciséis en 2024”.

La reorganización de las fuerzas criminales también incluyó la aparición del Estado Mayor de Bloques y Frentes, una división surgida en 2024 al mando de alias Calarcá. De acuerdo con Juvinao, este grupo pasó “de no existir a tener presencia en 111 municipios del país”.

Juvinao hizo referencia a una investigación del periodista Ricardo Calderón, quien reveló que “alias Calarcá y su bandola de criminales tiene infiltrado al Ejército, a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección Nacional de Inteligencia”.

La evolución del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también fue señalada por la representante. Según sus datos, esta guerrilla, que describió como de “carácter binacional” y con respaldo en Venezuela, amplió su área de influencia de 183 municipios en 2022 a 231 en 2024.

Juvinao afirmó: “Esta guerrilla, que además tiene carácter binacional y ha sido protegida en Venezuela por el narcodictador tirano Nicolás Maduro, pasó de 183 municipios en 2022 a 231 en 2024”.

El eje de la denuncia de la congresista gira en torno a la pregunta sobre el control estatal en cerca de ochocientos municipios del país.

En sus palabras: “¿Qué pasa con la soberanía de esos casi 800 municipios en todo el país que estos grupos armados ilegales han logrado controlar? Pues que el Estado en esas zonas no manda porque ellos son la autoridad en materia de economía, de seguridad y de control social”.

Juvinao describió que en estas regiones, los grupos armados ilegales imponen reglas sobre economía, seguridad y vida diaria. De acuerdo con su testimonio, estas organizaciones deciden “qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, a qué hora se hace, quién la hace y quién no la hace”.

Además, determinan qué familias deben entregar hijos para la guerra, quién puede permanecer en el territorio y quién debe desplazarse, y ejercen el poder sobre quién vive o muere.

La representante enfatizó que estos grupos también han consolidado el control de actividades económicas ilícitas. Mencionó tráfico de combustibles, minería, ganado, cultivos de coca, corredores de narcotráfico y, más recientemente, explotación de coltán.

Según Juvinao, “todo lo hacen usando a la población civil como escudos humanos, perpetrando asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros”.

Al argumentar sobre el concepto de soberanía, Juvinao sostuvo que no se trata únicamente de rechazar la injerencia externa, sino de ejercer control sobre el territorio, proteger a la población civil y garantizar que la ley prevalezca sobre la ilegalidad.

En un mensaje dirigido directamente al presidente Gustavo Petro, la representante lanzó el interrogante: “¿Para cuándo va a convocar usted a una marcha nacional para defender nuestra soberanía de los grupos armados ilegales?”.

Las afirmaciones de Juvinao han reavivado el debate sobre la seguridad y el control territorial en Colombia, así como sobre la efectividad de las políticas implementadas durante la actual administración.