El caso por las presuntas irregularidades en la contratación del área metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y de Metroparques dio un paso clave el 14 de enero.
El juez 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín avaló el principio de oportunidad solicitado por un exfuncionario vinculado a la investigación.
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La decisión suspende de forma condicionada la acción penal en su contra y busca fortalecer el proceso judicial, permitiendo que la Fiscalía avance en la identificación de funcionarios de mayor nivel y de los posibles beneficiarios finales del esquema investigado.
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Según el expediente judicial conocido por Caracol Radio, el beneficio está sujeto al cumplimiento estricto de varios compromisos. El exfuncionario deberá entregar información veraz, documentos y registros que ayuden a esclarecer cómo operaron las presuntas irregularidades.
La Fiscalía dejó claro que las investigaciones contra los demás implicados continúan y que el acuerdo será vigilado de manera permanente. Si el colaborador incumple, la acción penal se reactivará de inmediato.
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El aval del principio de oportunidad se da en medio de un escenario cada vez más complejo para el Amva. La actual directora de la entidad, Paula Palacio, advirtió que el número de contratos bajo sospecha es mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente.
En declaraciones al medio El Tiempo, señaló que existen al menos 14 convenios adicionales cuestionados, por un valor cercano a los $200.000 millones, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera y operativa de la entidad a mediano plazo.
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Las auditorías internas también encendieron alertas sobre el futuro de varias obras públicas. Trece proyectos, entre ellos la ampliación de la carrera 43 en Sabaneta y el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Envigado, necesitarían más de $83.000 millones adicionales para poder concluirse, elevando el costo total a $113.000 millones.
Sin esos recursos, existe un alto riesgo de que las obras queden inconclusas, con impacto directo sobre el patrimonio público y la prestación de servicios.
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La investigación penal se concentra en contratos interadministrativos firmados entre mayo de 2020 y octubre de 2022, periodo que coincide con la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien además presidía la Junta del Área Metropolitana.
De acuerdo con la Fiscalía, en ese lapso se destinaron más de $17.000 millones al mantenimiento del Parque de las Aguas y otros $7.000 millones a una bodega que, según los investigadores, no tenía justificación técnica clara y habría beneficiado principalmente a un contratista.
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El medio citado informó que las autoridades detectaron posibles desvíos de recursos entre $3.000 millones y $6.000 millones en varios contratos bajo revisión. La lista de procesos críticos llegó a nueve e incluye una polémica reforma administrativa.
En este punto, los auditores hallaron conflictos de interés, eliminación de cargos clave y la creación de 128 nuevos puestos, de los cuales 25 habrían sido asignados sin concurso interno, varios de ellos poco antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
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El exfuncionario beneficiado con el principio de oportunidad reconoció conocer al menos siete contratos cuestionados, que dieron lugar a tres imputaciones relacionadas con el Amva y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
La Fiscalía investiga posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.
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Entre los acusados hay exdirectivos y exfuncionarios del Área Metropolitana y de Metroparques, así como representantes legales de empresas contratistas. La audiencia de acusación quedó programada para el próximo 23 de febrero a las 8:30 de la mañana, mientras el proceso sigue sumando nuevos imputados.
Las irregularidades, según las auditorías, no se limitan a la contratación. También se detectaron fallas graves en la gestión documental y tecnológica del Amva, como el formateo de computadores institucionales, más de 1.000 trámites vencidos y deficiencias en los sistemas de seguridad y atención ciudadana.
Procesados en el caso Metroparques – Área Metropolitana del Valle de Aburrá
- Álvaro Alonso Villada García
- Jorge Enrique Liévano Ospina
- María Eugenia Domínguez Castañeda
- Viviana del Valle Velásquez
- Carlos Augusto Jaramillo Villareal
- César Augusto Chavarría Munera
- Laura María Mejía Higuita
- Enidia del Carmen Salazar de Sánchez
- Camilo García Bustamante
- Juan Alexander Pino Jaramillo
- Fabio Miguel Mestre Espitia
- Yamileth Galindez Chilito
- Lilibeth Pino Jaramillo
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