Tras culminar la vacancia judicial en Colombia, el senador Iván Cepeda Castro presentó el martes 13 de enero ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación para solicitar la revisión del fallo que absolvió y revocó la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, que el 21 de octubre tumbó la determinación tomada en primera instancia la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia.
La acción judicial busca que el alto tribunal reevalúe la decisión que exoneró al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El documento dirigido a la Corte también lleva las firmas del exministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, expareja sentimental del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, que son las otras víctimas reconocidas en este proceso judicial.
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Con ello, el candidato del Pacto Histórico a la Presidencia, que participará en la consulta del Pacto Amplio el 8 de marzo de 2026, busca con el recurso que se revierta la determinación tomada por el tribunal capitalino. Sobre el particular, los firmantes argumentaron que existen pruebas materiales que permiten inferir la responsabilidad penal de Uribe en los hechos investigados, en un caso que empezó formalmente en 2018 -justamente- en el alto tribunal.
Una vez radicada la solicitud, como en efecto lo hizo Cepeda, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia designará a un magistrado ponente encargado de verificar el cumplimiento formal de la demanda. Al respecto, el magistrado encargado revisará si el recurso cumple con las condiciones necesarias para continuar su trámite, y si la demanda es admitida, las partes podrán presentar sus argumentos en una audiencia breve, con un tiempo de 10 minutos para cada una.
Es válido precisar que la Corte Suprema de Justicia cuenta un término legal máximo de cinco años para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el recurso de casación interpuesto contra la absolución de Uribe.
Los argumentos del Tribunal Superior de Bogotá para absolver a Álvaro Uribe
En el escrito presentado por Cepeda también se detalló que la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentará en los próximos días un recurso propio ante el alto tribunal, con lo que se ampliará así el espectro de revisión judicial sobre el caso: tras la controversia que causó la determinación de los togados Manuel Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez; y de la que se apartó la magistrada Leonor Oviedo Pinto.
El Tribunal concluyó que la Fiscalía no demostró que la conducta imputada a Uribe configurara un delito, al no probar que el expresidente tuviera intención delictiva o conocimiento sobre la supuesta falsedad de los testimonios recabados. Además, se señaló que la acusación se fundamentó en conjeturas y no en pruebas suficientes, por lo que se mantuvo la presunción de inocencia debido a la ausencia de evidencias directas que vincularan a Uribe con el presunto soborno.
En cuanto a las pruebas, el Tribunal declaró ilegales las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema en 2018, por errores en la identificación del número y vulneración de derechos fundamentales, aunque admitió la legalidad de las grabaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena. También se determinó que las gestiones para recolectar testimonios se inscribieron como el derecho de defensa, y no se acreditó que los ofrecimientos fueran ilícitos.
Respecto al delito de fraude procesal, el fallo estableció que no se probó la existencia de un engaño concreto ni dolo por parte de Uribe. Finalmente, se criticó la actuación de la jueza de primera instancia, al señalar que adelantó un análisis parcial y subjetivo de las pruebas, sin aplicar criterios técnicos ni de lógica formal; por lo que tumbó de forma y de fondo la decisión en primera instancia, pese a que había sido argumentada en su escrito de más de 1.100 páginas.
Con la presentación de este recurso se marca una nueva etapa en la disputa judicial que involucra a uno de los líderes políticos más influyentes en la historia del país y que, en la presente campaña presidencial, busca volver al Congreso: al presentar su nombre como uno de los aspirantes al Senado, ubicándose en el puesto 25 de la lista cerrada de la colectividad de oposición; en una ambiciosa apuesta para convertirse en la primera fuerza política del legislativo.
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