El Ministerio de Vivienda abrió el debate público con la publicación del borrador de decreto que plantea la comercialización obligatoria de la Vivienda de Interés Social (VIS) en pesos colombianos y prohíbe su negociación en salarios mínimos.
La propuesta, disponible para comentarios hasta el 24 de enero de 2026, introduce un cambio sustancial en la regulación del sector, que hasta ahora permitía la indexación de los precios al salario mínimo legal mensual vigente.
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El texto del Ministerio de Vivienda establece que “toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos”.
El mismo documento subraya que “en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a la suscripción de la promesa de compraventa o del documento que haga sus veces”.
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Solo podrán realizarse ajustes cuando existan motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos, avalados por el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icce) que elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
En contraste, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez manifestó su desacuerdo con la medida a través de su cuenta en X.
“Insisto y lo explico: NO SE DEJEN ENGAÑAR… La vivienda VIS exige largo plazo y en ese tiempo suben salarios, tasas, licencias, insumos y costos financieros”, advirtió la congresista.
Según Arbeláez, “el propio Plan Nacional de Desarrollo del gobierno amarró los precios al SMLV. Cambiar ahora las reglas por decreto, e incluso contra la ley, solo destruye la viabilidad del sector”.
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Arbeláez explicó que la decisión podría frenar la puesta en marcha de nuevos proyectos VIS, encarecer la vivienda social desde el inicio y aumentar los desistimientos, ya que las familias y constructoras enfrentarían mayor inseguridad jurídica.
“¿Quién pierde? Los hogares de menores ingresos, porque se reduce la oferta, suben los precios y se empuja a más familias hacia asentamientos informales”, sostuvo la parlamentaria.
La representante concluyó su mensaje con una crítica directa: “El populismo vende humo; la realidad es que esta medida es regresiva, torpe y socialmente dañina. ¡Irresponsables!”.
Carolina Arbeláez ya había advertido que los señalamientos de Petro generan “miedo e incertidumbre” en el sector de vivienda social
El 10 de enero de 2026, Carolina Arbeláez criticó los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la Vivienda de Interés Social (VIS), en los que el mandatario habló de una supuesta “estafa delictiva” en la fijación de precios del sector.
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Según la congresista, estas declaraciones han tenido repercusiones negativas en un sector clave para el empleo y la economía.
Arbeláez recalcó que las constructoras no fijan los precios de la VIS de manera autónoma, ya que existen regulaciones y normativas claras, incluidos topes establecidos en la legislación y el Plan Nacional de Desarrollo.
Enfatizó que los límites de precio están indexados al salario mínimo, pero aclaró que este mecanismo define techos máximos, no incrementos automáticos, y dijo que presentar la indexación como práctica irregular “distorsiona la realidad” del mercado.
La congresista advirtió que los mensajes del Gobierno han generado “miedo, incertidumbre y desconfianza” en el sector, con consecuencias sobre la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos dirigidos a familias de bajos recursos.
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También analizó el impacto del aumento del salario mínimo, fijado en 2.000.000 de pesos para 2026, en los costos de construcción, que afectan insumos, mano de obra y procesos administrativos.
Arbeláez lamentó la cancelación del programa Mi Casa Ya, señalando que más de 24.000 familias quedaron sin acceso a vivienda pese a contar con créditos y ahorros. “Familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y procesos avanzados tuvieron que desistir”, afirmó.
La representante citó datos que muestran una caída superior al 40% en las ventas de vivienda nueva y una informalidad laboral del 70% en el sector, según el Dane.
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