La decisión del Ministerio de Justicia de trasladar a Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, dos cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla, ha generado controversia, situando a la seguridad ciudadana y la política de diálogo con el crimen organizado en el centro del debate público.
La decisión se dio luego de que se firmara la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, como parte de la política de ‘Paz urbana’, una estrategia que busca facilitar acercamientos exploratorios con las estructuras criminales de mayor influencia regional, con el fin de reducir la violencia en el departamento del Atlántico.
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Dentro de esta resolución, se dispone el traslado de veinte reclusos a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque en Barranquilla, así como la autorización expresa al Estado para entablar contactos formales con los líderes capturados otros privados de la libertad señalados como integrantes de estas organizaciones ilegales.
“Las personas autorizadas adelantarán sus labores bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y estricta confidencialidad respecto de todos los aspectos relativos al desarrollo, contenido, logística, avances o resultados del proceso”, se lee en el documento.
No obstante, esta determinación ha generado una ola de preocupación en la administración local, obligando a activar alertas institucionales ante el posible resurgimiento de la violencia en el Caribe colombiano.
Críticas de la Alcaldía de Barranquilla
En un comunicado a la opinión pública, la Alcaldía Distrital de Barranquilla cuestionó que esta decisión fue adoptada sin una coordinación técnica adecuada entre las autoridades locales, la Gobernación y el Gobierno nacional, al recordar que en traslados pasados, los líderes de las estructuras criminales seguían operando y extendiendo sus redes de extorsión y sicariato en la ciudad y sus alrededores, sin importar si estuvieran en prisión.
En su declaración, la administración de Alejandro Char ha enfatizado el apoyo histórico a las iniciativas de paz gubernamentales, aunque subraya la necesidad de un trabajo conjunto y técnico ante una decisión que involucra a individuos de alto perfil criminal.
“Siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional (...) con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, afirma el Distrito barranquillero en la misiva.
A su vez, la alcaldía solicitó formalmente a la Oficina dela Consejería Comisionado de Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la apertura de canales de comunicación permanentes y eficientes, con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a este movimiento.
Qué responde el Gobierno Petro
Ante las críticas de la administración Char, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Justicia aseveró que el traslado de Diego Palomino y de alias Castor no significa ningún trato privilegiado, sino que busca la protección de la ciudadanía para desarticular el accionar criminal de estas organizaciones en esta parte del país.
“No van a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para sostener la tregua y proteger a la población (...) la paz no es impunidad, es control, legalidad y vigilancia permanente, siempre del lado de la ciudadanía”, indicó Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia y del Derecho.
Según la información oficial, la transferencia responde a directrices presidenciales que autoriza los acercamientos entre el Ejecutivo y los grupos de delincuencia común.
Así mismo, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que “dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República”.
Por último, el Gobierno nacional reiteró que “la prioridad absoluta es la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Barranquilla y del Atlántico, y que estas decisiones están orientadas a preservar los avances de la tregua sin renunciar al principio de autoridad del Estado”.
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