Estados Unidos mantiene abiertos dos procesos judiciales federales contra el ahora exdictador Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos por cargos de narcoterrorismo.
Las acusaciones, presentadas ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, señalan la existencia de una presunta red internacional de tráfico de cocaína vinculada con la disidencia de la guerrilla de las Farc y alianzas con el Cartel de los Soles y carteles mexicanos.
Los hechos investigados abarcan desde 1999 hasta 2020 e involucran una colaboración persistente entre funcionarios del régimen venezolano y líderes insurgentes colombianos.
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Además de Maduro, en la acusación formal figuran Cilia Flores, esposa de Maduro, y Diosdado Cabello, ministro del interior en el régimen venezolano, así como los exgenerales Hugo Armando ‘Pollo’ Carvajal y Clíver Alcalá.
Entre los colombianos señalados, según informó El Tiempo, se encuentran Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, identificado como cabecilla de la Segunda Marquetalia, y Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich, quien fue abatido en Venezuela durante un operativo militar.
De acuerdo con el documento, Marín Arango es considerado uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses por su rol como líder activo en actividades de narcotráfico y violencia en Colombia.
El expediente también menciona que Hernández tuvo una participación directa en las operaciones ilícitas realizadas en territorio venezolano antes de su muerte.
Los investigadores consideran que la Segunda Marquetalia sigue involucrada en crímenes y mantiene control sobre zonas estratégicas, facilitando el tráfico de drogas, pese a versiones oficiales que afirman su debilitamiento. La acusación incluye pruebas aportadas por la fiscalía estadounidense que identifican la presencia de ambos nombres en la red criminal.
Según los documentos judiciales, los nexos entre el régimen venezolano y la disidencia de las ex Farc datan de al menos dos décadas. La fiscalía de Estados Unidos asegura que, a partir de 1999, Maduro y sus allegados permitieron el traslado de operaciones de la guerrilla colombiana a territorio venezolano y brindaron protección estatal. Esta colaboración habría sido clave para que los exguerrilleros consolidaran rutas de tráfico de droga y mantuvieran sus estructuras armadas, intensificando las actividades ilícitas a ambos lados de la frontera.
La operación de la red consistía en el envío de varias toneladas de cocaína, producida bajo supervisión de las disidencias y con apoyo de altos funcionarios venezolanos.
La acusación sostiene que Maduro ordenó que el Cartel de los Soles proveyera armas de uso militar a las Farc, y coordinó gestiones internacionales para facilitar el tráfico de gran escala. Asimismo, se ofrecía protección armada a los cargamentos, involucrando a representantes estatales y guerrilleros en las actividades.
Un aspecto central de la investigación es el papel de Marlon Marín como testigo clave y colaborador judicial de Estados Unidos. Este sobrino de Marín Arango, extraditado por narcotráfico, ha proporcionado información relevante sobre el funcionamiento de la organización.
Sus aportes incluyen detalles sobre encuentros entre altos funcionarios venezolanos, líderes del cartel de Sinaloa y exintegrantes de las Farc. Sus declaraciones han vinculado directamente a figuras políticas y criminales con el tráfico internacional de drogas y la provisión de armamento.
El expediente judicial refiere también presuntos acuerdos entre el cartel de los Soles, representantes de la disidencia de las ex Farc y el cartel de Sinaloa. Según las pruebas, estos pactos tenían como propósito coordinar el envío de droga a Estados Unidos y Europa, y asegurar mecanismos para proteger las rutas y los intereses compartidos.
Las autoridades estadounidenses subrayan que estos vínculos refuerzan la dimensión transnacional de la conspiración, lo que incrementa la magnitud y complejidad del caso.
Para Colombia, las implicaciones son notables. Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha ordenado acciones militares contra el ELN y las disidencias de las Farc, persisten dudas sobre la eficacia de estas operaciones.
Aunque el comisionado de paz colombiano, Otty Patiño, sostiene que estos grupos han perdido capacidad operativa, la Fiscalía estadounidense mantiene que aún conservan su potencial criminal, especialmente en el ámbito del narcotráfico y la violencia, lo que condiciona la seguridad regional.
Finalmente, la acusación formal determina que la red en cuestión obtenía millonarios ingresos a través de la venta de cargamentos incautados e interfería en investigaciones judiciales dentro y fuera de Venezuela.
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