Contraloría General asumió investigación fiscal en la que figura como imputado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

La Contraloría General de la República asumió formalmente la investigación fiscal por la construcción de ciclorrutas en el oriente antioqueño, un expediente que compromete al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.

La decisión implica que el proceso, que hasta ahora era tramitado por la Contraloría General de Antioquia, pase a ser conocido y llevado hasta su culminación por el ente de control del orden nacional, con sede en Bogotá.

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La determinación fue adoptada mediante una resolución ordinaria firmada por el contralor general de la República, Carlos Hernán Becerra, en la que se decreta la intervención funcional excepcional sobre el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 145-2022. Según el documento, el desplazamiento de competencia se sustenta en consideraciones relacionadas con la imparcialidad, la objetividad y la confianza pública en el trámite del proceso, dada la situación institucional en el ente de control departamental.

En el expediente figura como uno de los presuntos responsables fiscales el actual gobernador de Antioquia, así como otros exfuncionarios y particulares, en un caso cuya cuantía fue estimada en $26.186.600.440, recursos que habrían sido girados a los constructores de unas obras que nunca entraron en operación.

Sobre el conflicto de intereses en el proceso

Uno de los principales fundamentos de la decisión de la Contraloría General tiene que ver con un posible conflicto de intereses en la Contraloría de Antioquia, a raíz de la elección del nuevo contralor departamental, Juan Carlos Herrera Toro, que asumirá funciones el 1 de enero del periodo 2026-2029. De acuerdo con la resolución, Herrera Toro mantuvo una relación profesional directa con el hoy gobernador investigado.

“Tiene asidero el planteamiento de que el nuevo Contralor Departamental de Antioquia tiene un vínculo político con el actual gobernador departamental que puede comprometer su imparcialidad y objetividad para el trámite y decisión de la acción fiscal en el proceso de responsabilidad fiscal mencionado, dado que fungió como su apoderado de confianza”, señala el documento oficial. En el mismo texto se indica que esta situación “podría favorecer al señor gobernador departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, imputado como responsable fiscal en ese proceso”.

La resolución precisa que existen documentos oficiales que acreditan que Juan Carlos Herrera Toro actuó como apoderado judicial de Rendón Cardona en procesos disciplinarios, ejerciendo su defensa técnica y presentando alegatos en su favor. Estos antecedentes fueron considerados por la Contraloría General como un elemento que genera un conflicto de intereses estructural en la relación abogado-cliente.

A ello se suma, según el auto, el riesgo asociado a la conformación del equipo auditor que asumiría el proceso en Antioquia. En particular, se menciona la participación de Ángela Jhoana Osorio Gómez en el equipo de empalme y futura dirección de responsabilidad fiscal, que habría tenido vínculos laborales previos con la administración de Rionegro durante el mandato de Rendón y con la empresa Edeso, entidad ejecutora de los recursos cuestionados.

Antecedentes del proceso fiscal

La investigación tiene su origen en la construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, un proyecto adelantado cuando Andrés Julián Rendón se desempeñaba como alcalde de Rionegro. Las infraestructuras ejecutadas nunca entraron en funcionamiento, principalmente por problemas asociados a la gestión predial, situación que derivó en la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

En una primera instancia, la Contraloría de Antioquia concluyó que “hubo debilidades en la etapa precontractual del proyecto, lo que llevó a la celebración de varios contratos para obras que hoy no cumplen el objeto para el cual fueron ejecutadas”. Como resultado de esa evaluación preliminar, el mandatario departamental fue imputado como presunto responsable fiscal.

Además del gobernador, en el proceso también están involucrados el actual gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández Alzate; exgerentes de Indeportes; siete exfuncionarios de esa entidad; una de las firmas contratistas y una aseguradora internacional. Todos ellos figuran como presuntos responsables dentro del mismo expediente fiscal.

Denuncias y alertas consideradas

La Contraloría General también tuvo en cuenta diversas denuncias y alertas públicas al momento de decretar la intervención funcional excepcional. Entre ellas se mencionan las presentadas por la Red de Veedurías de Colombia, que radicó denuncias formales ante la Procuraduría y la Fiscalía, advirtiendo presuntas irregularidades en el concurso de méritos mediante el cual fue elegido el contralor de Antioquia.

Según la resolución, la Red alertó sobre riesgos de “cooptación política” orientados a imponer un contralor afín al gobernador, lo que, a su juicio, comprometería la legitimidad para fallar procesos fiscales en los que este último figure como investigado. De igual forma, se hace referencia a solicitudes públicas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, encabezada por Andrés Idárraga, para que los órganos de control intervinieran ante posibles irregularidades en dicho proceso de elección.

Finalmente, la resolución concluye que, pese a que la solicitud de intervención presentada por la Veeduría Nacional del Servidor Público no cumplía con todos los requisitos formales, sí permitió establecer “la existencia de una percepción ciudadana acerca del riesgo inminente que se cierne sobre la imparcialidad y objetividad de la Contraloría General de Antioquia”, razón por la cual se decretó la intervención funcional excepcional.