Salario mínimo de 2026: estas son las otras preocupaciones que deben atender los colombianos ante el aumento decretado por Petro

El aumento del salario mínimo en Colombia del 23%, decretado por el Gobierno nacional y anunciado por el presidente Gustavo Petro, generó un marcado giro en la agenda socioeconómica del país. Horas después del anuncio, el impacto se hizo notar tanto en el sector empresarial como en el sindical, al convertirse en el eje de un debate nacional que involucra a millones de colombianos.

El incremento beneficia de manera directa a cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo, en un contexto que alcanza los 24 millones de personas ocupadas en Colombia.

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Por supuesto, la decisión polarizó de inmediato las posturas: para el Gobierno, representa un avance histórico en justicia laboral; empresarios y analistas advierten sobre posibles consecuencias negativas para la economía colombiana y el empleo formal. Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la medida con un enfoque de perspectiva keynesiana.

“Estamos inaugurando una nueva era en la discusión del salario mínimo en Colombia”, sostuvo el ministro al explicar el trasfondo ideológico de la política oficial. Argumentó que mayores ingresos se traducen en mayor consumo, lo que incrementa la demanda, la producción y la generación de nuevos empleos. “El factor salarial es solo un punto de producción, que podría tener un impacto en los precios finales de los productos del 0,6%. Es marginal”, apuntó.

De igual manera, resaltó que el objetivo central es elevar el bienestar de quienes perciben los sueldos más bajos. Dentro de esta lógica, el presidente Gustavo Petro insistió en que el aumento funciona como motor para la economía popular.

Indicó que la medida también impacta a empleados cuyos sueldos superan el mínimo, ya que tienden a exigir incrementos proporcionales.

Más circulación de dinero

A su vez, al circular más dinero en la economía, se dinamizan ventas y crédito, en especial, entre los que siempre están excluidos del acceso a mejores salarios. El Gobierno sostiene que estas políticas refuerzan el consumo interno y estimulan el crecimiento económico a nivel nacional.

A futuro, se preparan medidas complementarias en áreas como vivienda y el control de precios para acompañar el efecto de la subida salarial. Desde el sector privado, las voces críticas se hicieron notar de inmediato.

Desafío para pequeñas y medianas empresas

Dirigentes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encabezaron la reacción. La presidenta ejecutiva de Acopi, María Elena Ospina, describió el aumento como un desafío significativo.

“Estamos hablando de un incremento impresionante, ya que es cuatro veces la inflación. El aumento real es del 18%, lo que implica una reestructuración de costos para las empresas”, dijo. Señaló que las mipymes representan más del 90% del tejido empresarial colombiano, por lo que el ajuste impacta de manera tajante a este segmento.

Dentro del debate empresarial, el aumento genera preocupación ante el riesgo de mayor informalidad laboral, sobre todo, en sectores con menor capacidad de absorber nuevos costos.

Restricción a la creación de empleo formal

El temor es que el alza termine restringiendo la creación de empleo formal.

Las cifras oficiales confirman estas inquietudes, según un análisis de El Espectador:

• En octubre, la informalidad llegó al 56,1%, cercana al máximo anual de marzo, con 57,7%.
• Aunque la tasa de desempleo (7%) se mantiene en un dígito y figura entre las más bajas en décadas, la mayor parte del nuevo empleo corresponde a trabajos independientes, en mayoría asociados al sector informal.

Las consecuencias inflacionarias del alza también están examinadas:

• La inflación, que tras la pandemia superó el 13%, descendió al 5,3% al cierre del año, aunque aún supera la meta oficial del Banco de la República fijada en 3%.
• Algunas proyecciones consideran que, sin la presión de los últimos aumentos del salario mínimo —el anterior fue del 9,5 %—, el Índice de Precios al Consumidor ya estaría en el rango objetivo.

No obstante, tanto sindicatos como Gobierno recalcan que hasta ahora los aumentos salariales no provocaron un repunte incontrolado en los precios ni en el desempleo formal.

El contexto se torna más complejo ante la cercanía de un año electoral y la entrada en vigor de la Reforma Laboral, aprobada en 2025, que impone nuevas exigencias regulatorias al sector empresarial. Dicho escenario, puntualizó el medio, suma presión sobre los empleadores, que deben ajustar prácticas laborales para mantener contratos formales sostenibles.

Otras variables que determinan el desempeño de la economía

Por otra parte, el debate señala que el salario mínimo es solo una de las múltiples variables que determinan el desempeño de la economía nacional. Aunque el incremento puede generar impactos en otras áreas de la estructura productiva e incluso influir en políticas públicas y sector privado, no es el único factor clave para la salud financiera del país.

Otras estrategias, como incentivar el consumo de los hogares o estimular la inversión, también moldearán la trayectoria económica a corto y mediano plazo.

Expertos consultados por El Espectador consideran que los próximos meses serán esenciales para medir el impacto real del aumento salaria:

• La evolución de la economía dependerá tanto de las decisiones de consumidores y empresarios como de la habilidad del Estado para implementar acciones que amortigüen posibles efectos adversos, como medidas de fomento a la vivienda y control de precios.
• Lo que ocurra de ahora en adelante dependerá de la suma de decisiones individuales y colectivas.