Senador criticó eliminación de millonaria prima de servicios: “Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”

La eliminación de la prima especial de servicios que reciben los congresistas volvió a encender un fuerte debate político en Colombia, al evidenciar la distancia entre una parte de la clase dirigente y la realidad económica de millones de ciudadanos.

Aunque el Gobierno avanza en la supresión de este beneficio salarial, varios legisladores han salido a rechazar la medida, argumentando supuestas vulneraciones legales y defendiendo ingresos que superan ampliamente el promedio nacional.

La polémica escaló tras la afirmación del senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, quien aseguró que un congresista que devenga cerca de $32 millones mensuales “no es bien remunerado” hecha en una entrevista con W Radio.

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La prima especial de servicios representa uno de los componentes más cuestionados del salario de los congresistas.

Según cifras expuestas en el debate público, este pago adicional asciende a cerca de $16,9 millones, equivalentes a unos doce salarios mínimos mensuales vigentes, y se suma al ingreso base de los legisladores.

Su eliminación, impulsada desde el Ejecutivo, busca reducir el salario total de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado, en un contexto marcado por el aumento del salario mínimo y las discusiones sobre equidad social.

Para el senador Zabaraín, la decisión no solo es inconveniente sino jurídicamente frágil. El congresista calificó la medida como “populista” y “electorera”, al considerar que debió discutirse y aprobarse directamente en el Congreso.

Zabarain también se pronunció sobre el aumento del salario mínimo para 2026, una decisión respaldada por varios sectores sociales, pero criticada por el congresista de Cambio Radical. Según él, este incremento demuestra “una desconexión de muchas personas con la realidad del país y con el significado del salario mínimo” y, a su juicio, “solo beneficia a un pequeño grupo”.

El senador advirtió, en un tono alarmista, que la medida podría desatar un “tsunami económico”, argumentando que generaría un aumento exagerado en el costo de vida, inflación, alza de las tasas de interés, desempleo e informalidad, además de un desequilibrio en las finanzas públicas y un déficit comercial creciente. Incluso comparó el escenario que se podría generar con la situación económica de Venezuela, sugiriendo que Colombia podría enfrentar un empobrecimiento generalizado.

A su juicio, la eliminación de la prima afecta derechos adquiridos y podría ser tumbada por los tribunales. En medio de esa defensa, sostuvo que los ingresos actuales de los congresistas no son excesivos frente a las responsabilidades del cargo, afirmación que desató una oleada de críticas.

Las reacciones no tardaron en llegar. El exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, fue uno de los más contundentes al cuestionar públicamente esa postura.

A través de su cuenta en X, escribió: “El senador Antonio Zabaraín dice que un congresista que recibe $32 millones ‘no es bien remunerado’. Descarado. Esta es la clase política que insiste en mantener sus privilegios pero rechaza que al trabajador le suban su salario a dos millones. Son los que deben ser derrotados por infames con el pueblo y Colombia”.

En contraste con la postura de Zabaraín, otros congresistas defendieron la eliminación de la prima como un acto de coherencia y justicia social.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, recordó también al medio citado que durante casi una década se intentó reducir el salario de los congresistas mediante proyectos de ley que terminaron archivados.

Según explicó, la supresión de la prima fue la única alternativa viable luego del bloqueo sistemático en la Cámara de Representantes. “No podemos seguir ganando en la estratósfera mientras la gente vive con muy poco”, ha reiterado.

Desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo respaldó la medida, aunque pidió que el debate se amplíe a otros altos cargos del sector público y privado. Para Ocampo, el problema estructural no es solo el salario mensual, sino el costo de las campañas políticas y la forma en que muchos dirigentes buscan recuperar esas inversiones una vez llegan al poder.

“Siempre he estado de acuerdo en bajar los salarios de los congresistas, pero también hay que bajarlos a magistrados y a otros funcionarios que van una vez al mes a juntas directivas y se ganan 25 millones de pesos. El verdadero problema es la plata que se gastan para hacerse elegir, ocho o diez mil millones, y que después tienen que sacar del presupuesto”, afirmó.

El debate también tiene un fuerte componente jurídico. La abogada Tatiana Pineda explicó que la prima especial de servicios tiene un origen legal cuestionable.

Según detalló, de los aproximadamente $35 millones que devengan actualmente los congresistas, cerca de $11 millones corresponden a esa prima, creada mediante decretos presidenciales.

Pineda recordó que la Ley 4ª de 1992 solo autoriza el reconocimiento de primas cuando existen circunstancias específicas que las justifiquen, y no como un beneficio automático y generalizado.

En su análisis, señaló que el Consejo de Estado ya había anulado en 2013 apartes de un decreto que permitía el pago indiscriminado de primas, precisamente por no establecer criterios claros.

Posteriormente, explicó, el Decreto 2170 de 2013 volvió a crear una prima especial de servicios, lo que, a su juicio, excede las competencias del Ejecutivo. “Un presidente no puede crear nuevos factores salariales; eso solo puede hacerlo el Congreso mediante una ley”, advirtió, subrayando que la ilegalidad no genera derechos adquiridos.