La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) manifestó su desacuerdo frente a las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno nacional en el marco del decreto de emergencia económica, específicamente aquellas relacionadas con el incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas, un sector que representa ingresos relevantes para departamentos y entidades territoriales del país.
De acuerdo con la información divulgada por la empresa, el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5 % al 19 % para los licores genera una carga tributaria acumulada que podría alcanzar hasta el 90 % del valor final del producto.
Desde la FLA se señaló que este escenario tendría efectos directos sobre la operación industrial, el precio al consumidor y el comportamiento del mercado.
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La compañía explicó que, en el caso puntual del aguardiente producido en Antioquia, una botella de 750 mililitros que antes asumía una carga impositiva cercana a los 17.500 pesos pasaría a pagar alrededor de 33.000 pesos en impuestos.
Esto representaría un incremento aproximado del 50 % en el precio final para el consumidor. En productos como el ron, el ajuste sería cercano al 48 %, según las estimaciones entregadas por la empresa.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, se refirió a los posibles efectos que tendría esta medida en el mercado de licores. Desde su perspectiva, el aumento de la carga fiscal no solo impactaría las finanzas de las fábricas licoreras oficiales, sino que también podría incidir en el recaudo destinado a sectores como la salud y la educación, que dependen en buena parte de los recursos provenientes de este tipo de productos.
“Esto disparará el consumo y producción de licor adulterado en Colombia, y por supuesto, el contrabando. De manera que el llamado es para que rápidamente todos los problemas de control, incluido, por supuesto, la Corte Constitucional, declare medidas cautelares para poder, de alguna forma, controvertir este decretazo que el gobierno nacional ha hecho”, expresó Ramos, en declaraciones citadas por BLU Radio.
Desde la FLA se indicó que el aumento en los precios podría modificar los patrones de consumo, llevando a algunos compradores a buscar alternativas más económicas fuera de los canales legales. La empresa señaló que el contrabando y la producción ilegal de licor adulterado representan riesgos adicionales para la salud pública y para la sostenibilidad de la industria formal.
La fábrica antioqueña también cuestionó el destino de los recursos que se recaudarían con estas medidas, al considerar que parte de los fondos obtenidos en el marco de la emergencia económica se destinarían a cubrir rubros que ya están contemplados dentro del Presupuesto General de la Nación, lo que, a su juicio, genera inquietudes sobre el uso específico de esos ingresos adicionales.
En el mismo decreto, el Gobierno nacional proyectó un recaudo superior a los 6 billones de pesos durante 2026 como resultado del conjunto de medidas tributarias adoptadas.
En lo relacionado con las bebidas alcohólicas, se precisó que la cerveza quedaría exenta de los nuevos gravámenes, debido a su consumo generalizado y a su impacto en la canasta de productos de mayor rotación en el mercado.
La FLA recordó que las empresas licoreras oficiales cumplen un papel relevante dentro del esquema fiscal territorial, al transferir recursos a los departamentos.
Según la empresa, cualquier alteración significativa en el equilibrio del mercado podría afectar esos flujos financieros y, en consecuencia, la financiación de programas públicos en distintas regiones del país.
La fábrica reiteró su llamado a revisar las medidas adoptadas y a evaluar sus posibles impactos económicos, sociales y sanitarios. La compañía insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control frente al contrabando y la adulteración, especialmente en un escenario en el que los precios legales podrían incrementarse de manera significativa.
La posición de la Fábrica de Licores de Antioquia se suma a otras reacciones que han surgido tras la expedición del decreto de emergencia económica, en el que se incluyeron ajustes tributarios orientados a incrementar el recaudo fiscal en el corto plazo.
Las autoridades nacionales, por su parte, han señalado que las medidas buscan garantizar recursos para atender distintas obligaciones del Estado.La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) manifestó su desacuerdo frente a las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno nacional en el marco del decreto de emergencia económica, específicamente aquellas relacionadas con el incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas, un sector que representa ingresos relevantes para departamentos y entidades territoriales del país.
De acuerdo con la información divulgada por la empresa, el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5 % al 19 % para los licores genera una carga tributaria acumulada que podría alcanzar hasta el 90 % del valor final del producto. Desde la FLA se señaló que este escenario tendría efectos directos sobre la operación industrial, el precio al consumidor y el comportamiento del mercado.
La compañía explicó que, en el caso puntual del aguardiente producido en Antioquia, una botella de 750 mililitros que antes asumía una carga impositiva cercana a los 17.500 pesos pasaría a pagar alrededor de 33.000 pesos en impuestos. Esto representaría un incremento aproximado del 50 % en el precio final para el consumidor. En productos como el ron, el ajuste sería cercano al 48 %, según las estimaciones entregadas por la empresa.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, se refirió a los posibles efectos que tendría esta medida en el mercado de licores. Desde su perspectiva, el aumento de la carga fiscal no solo impactaría las finanzas de las fábricas licoreras oficiales, sino que también podría incidir en el recaudo destinado a sectores como la salud y la educación, que dependen en buena parte de los recursos provenientes de este tipo de productos.
“Esto disparará el consumo y producción de licor adulterado en Colombia, y por supuesto, el contrabando. De manera que el llamado es para que rápidamente todos los problemas de control, incluido, por supuesto, la Corte Constitucional, declare medidas cautelares para poder, de alguna forma, controvertir este decretazo que el gobierno nacional ha hecho”, expresó Ramos, en declaraciones citadas por BLU Radio.
Desde la FLA se indicó que el aumento en los precios podría modificar los patrones de consumo, llevando a algunos compradores a buscar alternativas más económicas fuera de los canales legales. En ese contexto, la empresa señaló que el contrabando y la producción ilegal de licor adulterado representan riesgos adicionales para la salud pública y para la sostenibilidad de la industria formal.
La fábrica antioqueña también cuestionó el destino de los recursos que se recaudarían con estas medidas, al considerar que parte de los fondos obtenidos en el marco de la emergencia económica se destinarían a cubrir rubros que ya están contemplados dentro del Presupuesto General de la Nación, lo que, a su juicio, genera inquietudes sobre el uso específico de esos ingresos adicionales.
En el mismo decreto, el Gobierno nacional proyectó un recaudo superior a los 6 billones de pesos durante 2026 como resultado del conjunto de medidas tributarias adoptadas. En lo relacionado con las bebidas alcohólicas, se precisó que la cerveza quedaría exenta de los nuevos gravámenes, debido a su consumo generalizado y a su impacto en la canasta de productos de mayor rotación en el mercado.
La FLA recordó que las empresas licoreras oficiales cumplen un papel relevante dentro del esquema fiscal territorial, al transferir recursos a los departamentos. Según la empresa, cualquier alteración significativa en el equilibrio del mercado podría afectar esos flujos financieros y, en consecuencia, la financiación de programas públicos en distintas regiones del país.
En este contexto, la fábrica reiteró su llamado a revisar las medidas adoptadas y a evaluar sus posibles impactos económicos, sociales y sanitarios. La compañía insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control frente al contrabando y la adulteración, especialmente en un escenario en el que los precios legales podrían incrementarse de manera significativa.
La posición de la Fábrica de Licores de Antioquia se suma a otras reacciones que han surgido tras la expedición del decreto de emergencia económica, en el que se incluyeron ajustes tributarios orientados a incrementar el recaudo fiscal en el corto plazo. Las autoridades nacionales, por su parte, han señalado que las medidas buscan garantizar recursos para atender distintas obligaciones del Estado.
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